Sessions pide combatir “fraude” en sistema de asilo en EEUU
drían ser negados a las “ciudades santuario” bajo la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el pasado 25 de enero, diseñada para acabar con las localidades que protegen a los inmigrantes indocumentados de los agentes federales de inmigración.
El contralor Scott Stringer también criticó las amenazas de la administración Tump y advirtió que la Gran Manzana seguirá defendiendo a los inmigrantes. “Si bien Jeff Sessions quiere voltear el reloj con una agenda de otro siglo, en Nueva York vamos a defender el progreso”, dijo el funcionario.l B@mariauxpen Washington
Al repetir su queja de que EEUU debe controlar sus fronteras, el fiscal general, Jeff Sessions, hizo una férrea defensa ayer de los cambios propuestos por la Administración para combatir el “fraude” en el sistema de asilo en el país.
Durante un discurso en la sede de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) en Falls Church (Virginia), que supervisa los tribunales de Inmigración, Sessions se quejó de que el sistema de asilo tiene “agujeros” que facilitan el “abuso y fraude rampante” en EEUU.
“Al estar sobrecargado con reclamos falsos, no puede bregar con eficacia con reclamos validos (de asilo)”, argumentó Sessions, quien consideró que EEUU afronta una “crisis” en la frontera sur.
“El aumento en los juicios, audiencias, apelaciones, y procedimientos de fianzas ha sido abrumador”, dijo Sessions, al indicar que el sistema estaba pensado para personas en peligro de persecución pero que, gracias a “abogados listos”, ahora se ha convertido en un “boleto fácil para el ingreso ilegal” en EEUU.
Sessions, que ha ensalzado la “mano dura” del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, es uno de los artífices del plan migratorio que la Administración Trump envió al Congreso el domingo pasado para que sea incorporado en cualquier legislación para legalizar a los “Dreamers”.
El plan incluye severas restricciones para solicitantes de asilo, dificultando el proceso para demostrar “miedo creíble”, además de busca facilitar la deportación de quienes no califican para asilo, entre otros elementos.
En la actualidad, el sistema permite que los solicitantes de asilo puedan demostrar su “miedo creíble” a la persecución ante un tribunal de Inmigración, como parte de su derecho al debido proceso.
Para Sessions, sin embargo, eso demora la “deportación expedita” de personas que, a su juicio, no tienen derecho a estar en EEUU.
Culpa al Gobierno de Obama
El fiscal general culpó a la Administración Obama de crear “incentivos” para la inmigración ilegal hacia este país, al grado que el número de solicitudes se ha disparado, aunque el porcentaje de solicitudes con “verdadero mérito” es menor.
Según Sessions, en 2009 el Departamento de Seguridad Nacional realizó más de 5,000 revisiones de “miedo creíble”y, para 2016, el número se disparó a 94,000. Mientras, en ese mismo período, el número de solicitantes de asilo en trámites de deportación subió casi 19 veces, de menos de 4,000 a más de 73,000.l El abogado constitucionalista Peter Schey ha estado en las lides legales por bastante tiempo y aunque no le sorprenden las más recientes propuestas del gobierno de Trump para cambiar el sistema de inmigración en Estados Unidos, su sentencia sobre ellas es demoledora.
“Lo que la Casa Blanca está planeando es un salto atrás de 30 o 40 años en leyes migratorias”, dijo Schey. “En particular, los cambios al sistema de asilo y lo que se proponen hacer con menores de edad que buscan refugio es horrendo, es catastrófico”
Trump está “creando la receta para el masivo abuso infantil” de miles, decenas de miles de niños y menores centroamericanos que vienen de Honduras, Guatemala y El Sal-
Peter Schey
vador, intentando escapar los niveles de violencia, homicidio, violación y secuestro más altos del hemisferio occidental.
“Lo que propone Trump es tratar a estos menores de edad como pequeños terroristas”, dijo Schey. “Bajo sus supuestos principios de reforma legal, los niños no tendrán acceso a abogado ni tiempo de buscarse uno, estarán detenidos, solos y traumatizados después del viaje, que ya de por sí, es traumatizante”.
Schey fue uno de los abogados que argumentó Plyler v Doe ante la Corte Suprema, logrando establecer que no puede negarse la educación pública a un niño por su estatus migratorio. Su historial supera los 100 casos legales, demandas colectivas y de derechos civiles, incluyendo las demandas contra la proposición 187 en California en los años noventa.
Desde mediados de los noventas ha peleado legalmente por defender los derechos de los menores refugiados y hace unos meses fue contratado por la ciudad de Los Angeles para diseñar políticas de protección para los inmigrantes, frente a los ataques del actual gobierno. otras naciones de la región debido a la violencia.l