Jumaane D. Williams

caseros directamente en la Corte de Vivienda”.

Los propietarios condenados bajo esta legislación estarían sujetos a sanciones civiles de entre $1,000 y $10,000, explicó el concejal.

Discriminación no será tolerada

Además, el proyecto de ley Int. 1721-2017, del concejal Williams, también agregaría la discriminación por estatus migratorio a la actual definición de acoso en la vivienda.

Williams explicó que las amenazas de deportación, entra otras prácticas discriminatorias asociadas al estatus legal de un inquilino, quedarían incluidas formalmente en el lenguaje legal del Código Administrativo de la ciudad.

Esta modificación, en conjunto con el proyecto de ley del concejal Koo, agilizaría el acceso a la justicia de los inquilinos víctimas de estas prácticas discriminatorias.

“Estamos viendo cada vez más casos de neoyorquinos que enfrentan situaciones que no serán toleradas en nuestra ciudad. El estatus migratorio no debe ser un factor decisivo para que un neoyorquino obtenga acceso a la vivienda”, dijo Williams.

En los últimos dos años, la Comisión de Derechos Humanos ha duplicado el número total de investigaciones sobre discriminación basada en el estatus migratorio y/o el origen nacional. Los funcionarios de la agencia dijeron que se presentaron 376 reclamos en 2016/2015 en comparación con los 155 en 2014/2013.

Solo en 2016, la Comisión duplicó el número de nuevas investigaciones sobre la discriminación basada en el estatus migratorio y/o el ori-