Inmigración Gobierno no puede evitar aborto de una inmigrante
La joven por fin logra ser sometida al procedimiento legal
“Cuando llegué allí me dijeron que estaba embarazada y ahí mismo supe lo que era mejor para mi, que yo no estaba lista para ser madre”, dijo la muchacha, quien agregó que a pesar de obtener un permiso judicial requerido por el estado de Texas para obtener el aborto, “me hicieron ver a un doctor que trató de convencerme de no abortar y me hacían mirar los sonogramas”.
“Gente que yo no conocía estaban tratando de convencerme de cambiar mi decisión”, dijo J.D. “Mi decisión es entre Dios y yo y en ningún momento cambió. No creo que nadie tenga el derecho de hacerme sentir avergonzada por tomar una decisión correcta para mí misma, yo
Patricia Millet:
no le diría a otra joven lo que debe hacer en esta situación”.
En Estados Unidos, el aborto es legal y el gobierno usualmente asiste a mujeres adultas detenidas en centros penales, así como en centros de detención para migrantes, en realizarse el procedimiento si lo desean o lo necesitan, ciñéndose a las leyes federales y locales.
La muchacha tenía asistencia de fondos privados para llevar a cabo el procedimiento, por lo que el gobierno tampoco estaba incurriendo en gasto alguno, dijeron abogados que la asisten.
Por el momento, no está claro si la lucha legal de J.D. terminará abriendo el camino a otras jóvenes en su misma situación. El pasado mes de marzo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), parte del Departamento Federal de Salud, cambió su política, indicando que cualquier solicitud de aborto debía ser consultada a esa dirección por los refugios privados que usualmente acogen a estos menores bajo contrato con el gobierno.
“Esta decisión solo afecta a JD, por lo que probablemente la política de ORR de aprobar personalmente cada aborto aún está en vigencia”, dijo Amanda Bennett, portavoz de Jane’s Due Process, una organización que asiste a menores de edad en obtener las autorizaciones judiciales para realizarse el procedimiento.
No obstante, aún está pendiente una demanda de clase presentada por JD contra el gobierno, alegando que la política es inconstitucional.
Según documentos presentados en la corte por abogados de la Unión de Libertades Civiles Americanas, Scott Lloyd, el nuevo director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se involucra tanto en las vidas de los menores de edad que migran a Estados Unidos que, según consta en documentos legales, ha intervenido personalmente para convencer a niñas embarazadas que no aborten.
Abogados del gobierno que lucharon en el tribunal para impedir el aborto de JD alegaron, entre otras cosas, que la joven no tenía derechos constitucionales por ser indocumentada, y que la ley no puede obligar a la agencia a “asistir” o ser cómplice en la realización del aborgo.
El caso saltó a la palestra nacional debido a que representa un cambio radical de postura de parte del gobierno en la Casa Blanca,respecto al derecho de migrantes detenidas a tomar decisiones sobre su salud.
La juez Patricia Millet, del tribunal de apelaciones de DC, dijo en su opinión legal como parte de la mayoría, que“la decisión de hoy enmienda un grave error constitucional de parte del gobierno”.
“Recuerden que estamos hablando de una niña.Una niña que está sola en una tierra ajena.Una niña que al llegar aquí en busca de seguridad, y luego que el gobierno la detuvo, supo que estaba embarazada. J.D. tomó entonces una decisión, probablemente a la luz de su difícil situación, de terminar con su embarazo”, escribió Millet.
Millet agregó que la muchacha cumplió con todos los requisitos de ley al respecto y que el gobierno federal, por medio de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, había coartado su derech o en forma inconstitucional.