Tres vicios que los políticos no quieren erradicar aunque mejorarían a México
Ningún gobernante mexicano, independientemente de su partido político, quiere o tiene suficiente fuerza para hacer tres cambios que lograrían transformar al país porque atentaría contra intereses económicos y de poder consolidados y para dar respuesta a las demandas sociales sólo han recurrido a la simulación.
De ello dan cuenta estudios y análisis de politólogos y activistas sociales consultados por este diario que documentan las principales prácticas de las que se valen los funcionarios para impedir la transparencia, fomentar el enriquecimiento ilícito y tener el control de la justicia.
María Amparo Casar, especializada en política comparada y actual miembro de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, destaca que las alianzas de los partidos han demostrado con creces cómo buscan protegerse entre sí. “Al hacerlo no temen que la alternancia los despoje, porque tienen un acuerdo en común y perpetua prácticas que por siglos han dañado al país“.
Los ejecutivos de los poderes federales y estatales trabajan en equipo con sus respectivos congresos para frenar, aplazar, congelar o bloquear cualquier ley que los vigile o sancione. Así mientras el presidente en turno (en los últimos años Enrique Peña) o los gobernadores emiten discursos que condenan la corrupción, los legisladores hacen su parte en sentido contrario.
La más reciente evidencia se observa en el aplazamiento del nombramiento del fiscal federal anticorrupción para el que los senadores han tenido más de un año.
Otras “mañas“han sido documentadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un organismo civil creado por empresarios, entre las que destacan la ausencia de iniciativas en los estados para crear leyes anticorrupciones.
Actualmente 13 estados ni siquiera tienen un dictamen y el resto no las han votado o si las han votado no le asignan presupuesto, no permiten contrapesos o vigilancias ciudadanas directas ni se empujan los servicios profesionales de carrera.
“La gravedad de la falta de sistemas anticorrupción cuestan al país entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto“, advierte Gerardo Trejo directivo de la Confederación Patronal de México.
Hijos, esposas, amantes, hermanos, concuños, primos, sobrinos y amigotes de funcionarios públicos de los tres poderes del gobierno del país, se colocan en puestos claves para catapultar futuros políticos en la administración pública, que ha dejado a un lado el servicio profesional de carrera para dar paso al nepotismo.
Tener parientes poderosos sigue siendo la mejor carta de presentación en México sin que hasta la fecha haya una ley clara y precisa que evite esta práctica que atenta contra la calidad del funcionamiento del país.
En el Ejecutivo, Peña acabó con el servicio profesional de carrera en la diplomacia, por ejemplo; en el legislativo, se utilizan las curules plurinominales (las que no son votadas sino cuotas de los partidos) para pagar favores políticos o dar experiencia a gente como Alejandro Murat, el hijo del exgobernador oaxaqueño José Murat, quien saltó del legislativo a dirigir el Seguro Social y de ahí a la gubernatura.
Lo mismo pasa en el poder judicial. Mexicanos contra la Corrupción ha documentado que la mitad de los trabajadores se encuentran ahí sólo por ser parientes o amigos. Destacan 112 esposas, 180 hijos, 136 hermanos, 27 padres y madres y otros 7148 familiares de jueces, magistrados y otros empleados.
De este vicio no se salva ni Morena que se define “diferente“. Su líder, Andrés Manuel López Obrador, puso a sus tres hijos como delegados del partido en el Estado de México (José Ramón); de la CDMX (a Andrés Manuel Junior) y de Tlaxcala (Gonzalo).
“El nepotismo una de las prácticas más dañinas que tiene el país“, advierte Ivonne Acuña, analista política de la Universidad Iberoamericana. “Se ha sabido que incluso sus empleados domésticos ocupan un puesto cercano y eso habla de gente sin experiencia con la única intención de asegurar el poder a sus cercanos mientras se enriquecen“.
Corrupción, nepotismo e impunidad se ciernen como plagas sobre todo el país
El 98% de la impunidad que actualmente prevalece en el país está relacionada con la falta de independencia de las procuradurías federal y estatales porque los titulares de éstas responden a sus jefes (presidentes y gobernadores que los asignan) y no a la necesidad e importancia de resolver un delito.
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Así se archivan, desaparecen y esconden casos que podrían empañar la imagen del ejecutivo, lo involucre a él o sus funcionarios, familiares o partidos políticos. Así se explica por qué a todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no se les da un seguimiento judicial, o porqué sólo una parte de los exgobernadores involucrados al crimen organizado y la corrupción hayan sido procesados legalmente.