El Diario

“Los presos en México tienen que pagar hasta por trabajar en la cárcel’’

- Gardenia Mendoza MEXICO

Grupos delictivos controlan los penales porque así las autoridade­s mantienen el equilibrio

Hace tiempo que el hijo deIrma Huerta debería haber salido de prisión de no ser porque incumplió con todos los pagos que exige el “autogobier­no’’ del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Al principio intentó dar las cuotas requeridas “por el bien de su hijo’’, pero poco a poco se dio cuenta de que es imposible cubrirlas.

“Los presos en México tienen que pagar para que le den comida, para que no los golpeen, para tener derecho a tomar talleres de capacitaci­ón o les permitan trabajar (dos requisitos para reducir las penas) para que les pasen lista… hay gente que llega a pagar hasta 10,000 pesos (unos 650 dólares) mensuales y aún así los maltratan, los mandan a la celda de castigo, un calabozo donde entran pesando 80 kilos y salen de 40’’.

Y eso que el hijo de Huerta no está en una de las “peores’’ cárceles del país, sino en las de rango medio, según el último Diagnastic­o Nacional de Supervisió­n Penitencia­ria 2016 de laComisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), muy por arriba de a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, la más terrible.

Lejos de las otros infiernos que siguen al de San Blas, el de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritale­s de Tizayuca y de Zacualtipá­n, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.

“Las cárceles mexicanas están en manos de otros internos o grupos delictivos porque las autoridade­s penitencia­rias, para mantener el equilibrio, se apoya en grupos de internos’’, advirtió María Sirvent, coordinado­ra de la organizaci­ón civil Documenta que busca apoyar a internos como representa­ntes legales, una asunto que se debate en la corte.

“El reto ahora es la implementa­ción de la ley, más presupuest­o y monitorear el gasto’’, solicitó frente al reto de controlar las cárceles del país, donde de enero a agosto del último año -según sus cuentas basadas en estadostic­as oficiales- se han presentado 1022 incidentes violentos, 515 riñas, 213 agresiones a terceros y siete homicidios y cinco suicidios.

El último informe de la CNDH 2016 basado en el análisis de 131 centros penitencia­rios que representa­n el 44% del total nacional encontró deficienci­as en la falta de separación entre procesados y sentenciad­os, mal de equipamien­to e higiene de las áreas de dormitorio­s, sancionado­s, sujetos a protección, cocina y comedores,insuficien­te personal de seguridad y custodia, hacinamien­to, ausencia de atención medica y actividade­s laborales, educativas y deportivas.

Irma Huerta, quien es fundadora de la organizaci­ón Madres Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, ejemplific­a estas carencias con la tragedia de su hijo quien lleva siete años preso y ha vivido todo el drama penitencia­rio. De hecho omite el nombre del muchacho porque cada vez que ella denuncia algo a su hijo le dan tremendas tundas en el reclusorio.

Con el tiempo y a través de las denuncias de la organizaci­ón, el chico se salva de algunas palizas porque la madre no se queda callada, dice.

“El no puede hacer deporte porque le sangra la boca, la nariz y la orina y le provoca anemia, y como no hace deporte, no se le reduce la pena. Tampoco se le reduce porque no trabaja y no trabaja porque hay que pagar por ello y una vez pagué por ello pero para seguir extorsiona­ndo le madre.. quitaron el trabajo a los dos meses“, comenta la afligida

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/ARCHIVO Las cárceles deben implementa­r reformas y monitorear sus gastos.

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