Un muerto tras ataques armados contra indígenas
Varias familias sufren el embate de cuadrilleros de haciendas que buscan desalojarlas
El Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala denunció ayer que 18 familias maya Qe’chi’s de la comunidad Nuevo Semuy, que habían sido desalojadas “violentamente” de sus casas a principios de noviembre, fueron víctimas nuevamente de “ataques” con pistolas y armas blancas, que dejaron un muerto.
En un comunicado, esta organización campesina aseguró que las familias afectadas, ubicadas en el municipio de Cahabón, fueron atacadas por “guardas de seguridad y cuadrilleros contratados” por una empresa, a la que identifican como “Trece Aguas”.
Según el relato, el primer ataque contra estas 18 unidades familiares, que fueron desalojadas de su territorio el 3 de noviembre, sucedió el lunes por la noche, cuando personal de la empresa mencionada “capturó ilegalmente al compañero Erwin Ché”, de 54 años.
“Lo amarraron de ambas extremidades y lo amenazaron de muerte con armas de fuego. Al ver la situación, el resto de familias campesinas se reunieron y lograron liberarlo”, cuenta el comité en un comunicado, y agrega que el mismo día, horas después, otro grupo más grande “rodeó a las familias” y “empezaron a dispararles” durante media hora.
“En esos momentos hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquin” y el primero falleció después de no haber recibido asistencia médica.
Según los testigos, Javier Choc, trabajador de la finca Trece Aguas, se encargó de dirigir el ataque y según cuenta la organización campesina días antes ofrecía dinero (hasta 10 dólares) a cada hombre que estuviera dispuesto a “intimidar y atacar a las familias desalojadas que se encuentran viviendo en la orilla del camino de terracería”.
Ante estos hechos, y después de realizar verificaciones sobre el terreno, el CUC exige a las autoridades una investigación “exhaustiva” y pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar “de urgencia” medidas cautelares en favor de las familias de la comunidad Nuevo Semuy, solicitadas ya el pasado día 16.
En el comunicado también demandan la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras entidades “para que no se siga asesinando a campesinos inocentes que lo único que buscan es un pedazo de tierra para vivir y cultivar granos básicos”.
Al Gobierno y al Organismo Judicial, el ente les pide detener los desalojos en este departamento de Alta Verapaz y en todo el país, y comprometerse a solucionar “las demandas de tierra”.l