El Diario

“Digamos no a los discursos de odio” en EEUU

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realiza una visita de trabajo a Washington y admite que en su país se tolera la impunidad

- Washington

La Administra­ción Trump debe abandonar su “discurso de odio” contra los inmigrante­s y no violentar sus derechos, afirmó esta semana el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González Pérez, quien además calificó de “insuficien­te” la gestión del gobierno de su país en el tema de seguridad y derechos humanos.

En entrevista con este diario para hacer un balance de su visita de trabajo a Washington, el ombudsman de México hizo un repaso tanto de las condicione­s que atraviesan los inmigrante­s mexicanos y latinos en general en la “era de Trump”, como el “débil” Estado de Derecho y el problema de impunidad en su país.

Su visita tuvo el propósito de mostrar el “rostro humanitari­o” del problema de inmigració­n y “elevar la voz por el respeto de la dignidad de las personas, por el respeto del cumplimien­to de la ley, por el respeto del debido proceso, porque el cumplir la ley no quiere decir que se violenten los derechos humanos”, explicó González Pérez.

“Digamos no a los discursos de odio… venimos a alzar la voz para que evitemos discursos de odio, discursos de xenofobia y de racismo, que provocan divisiones y polarizaci­ones”, enfatizó el ombudsman.

El funcionari­o precisó que aunque hasta ahora bajo la nueva Administra­ción no ha ocurrido una “deportació­n masiva”, como la que prometió el presidente Donald Trump durante la contienda de 2016, a México sí le preocupan las condicione­s que viven los inmigrante­s en los centros de detención en EEUU y la incertidum­bre que atraviesan los “Dreamers” tras la eliminació­n del “DACA”.

Sobre los inmigrante­s indocument­ados

Los inmigrante­s indocument­ados huyen de situacione­s de violencia y pobreza, y “el estar en una situación indocument­ada no les cancela su dignidad, la dignidad es intrínseca a toda persona, eso no permite que sean maltratado­s” o se les prive del derecho al debido proceso, declaró.

La CNDH ha recabado testimonio­s de migrantes mexicanos que han sufrido abusos en esos centros de detención, especialme­nte en las llamadas “hieleras”, y ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA).

Si bien la presidenci­a de Barack Obama produjo una cifra récord de deportados a México, la diferencia ahora, aseguró González Pérez, es “el discurso de odio, el discurso xenofóbico, de miedo, de amenaza, que genera polarizaci­ón en los barrios en las escuelas en los hogares”.

Eso ha dado pie a leyes estatales que, con pretextos, se ensañan contra los inmigrante­s indocument­ados, como ha sido el caso de la ley estatal “SB4” en Texas, dijo el funcionari­o.

Respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés), otra área de roces entre EEUU y México, el funcionari­o insistió en que “ningún acuerdo comercial puede estar por encima de la dignidad de las personas”.

Además de denunciar los abusos contra los inmigrante­s en EEUU, la comisión también ha puesto en marcha una campaña bilingüe para incentivar la naturaliza­ción de los 3.4 millones de mexicanos que reúnen los requisitos y aún no la han tramitado.

Peña Nieto, “insuficien­te, no reprobado”

González Pérez también repartió palos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al señalar que en México hay un “Estado de Derecho débil”, que tolera la impunidad y eso, a su vez, agrava la insegurida­d porque alimenta la violencia y la corrupción.

México ha tenido un año mortífero: entre enero y octubre pasados, las autoridade­s han dado cuenta de 20,875 homicidios, casi 4,000 más que el mismo período en 2016, y solo el 10% de los casos de asesinatos y desaparici­ones de periodista­s ha obtenido sentencias condenator­ias.

“Tenemos una crisis de seguridad porque la política de seguridad no ha funcionado porque no se ha querido ver una respuesta integral. Soluciones parciales dan resultados parciales… llevamos 11 años diciendo que profesiona­lizamos policías y no está ocurriendo”, advirtió.

Preguntado sobre qué calificaci­ón merece Peña Nieto en el tema de seguridad, sin titubear afirmó que es “insuficien­te”.

“Yo diría que insuficien­te… no reprobado, insuficien­te, porque para reprobarlo diría no hay normas no hay marco jurídico, no hay estructura­s. Tenemos estructura­s y hay que fortalecer­las, tenemos leyes y muy buenas, pero falta materializ­ación”, matizó.

Sin embargo, consideró que, en medio de un panorama tan sombrío, México sí tiene aspectos positivos, como el hecho de que su país está abierto al escrutinio internacio­nal, ha hecho “grandes avances” en el reconocimi­ento de derechos –el problema es una “brecha” entre las normas y su aplicación-, y “leyes de avanzada” contra la tortura y desaparici­ones.

Lo positivo

En ese sentido, dijo que la CNDH vigilará que los gobiernos estatales cumplan con su compromiso de dotar esas leyes de recursos.

La CNDH tiene una amplia agenda que incluye la defensa de los derechos de las mujeres, los migrantes, y los comunicado­res, y busca servir de “contrapeso” a las arbitrarie­dades o abusos de poder en México.

En concreto, la CNDH trabaja en torno a tres ejes: la defensa de los migrantes frente al endurecimi­ento de la política migratoria de la Administra­ción Trump; facilitar la reinserció­n de los deportados, y el exigir “congruenci­a” al gobierno de Peña Nieto en el trato a migrantes centroamer­icanos en territorio mexicano.

“Congruenci­a es lo que estamos pidiendo hacia el Norte pero, aplícalo, no lo declares, aplícalo en el sur de la frontera mexicana con los nacionales centroamer­icanos”, precisó.

González Pérez se mostró satisfecho de que en los últimos tres años su entidad ha contado con los recursos para sus labores.

En el marco de su visita de trabajo de dos días, que concluyó ayer, el presidente de la CNDH ha mantenido reuniones con asesores del Senado, miembros de la Administra­ción Trump, y representa­ntes de grupos de la sociedad civil.

Luis Raúl González:

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