Muerte en nombre de la tierra, el pleito en comunidades de Chiapas
Los hombres armados atacaron al mismo tiempo siete comunidades de la región conocida como Los Altos de Chiapas. A su paso mataron a uno, quemaron siembras de maíz y de frijol y destrozaron 300 casas con las que levantaron hogueras a sus anchas a finales de noviembre pasado en venganza por una confusión legal que le dio al enemigo 365 hectáreas desde el año 1973.
En aquel año, las autoridades determinaron que las tierras pertenecían a diversas comunidades del municipio de Chalchihuitán y no a las de Chenhaló que también las reclamaba, pero la decisión no cayó nada bien al bando perdedor y, en adelante, la resolución no hizo más crear rencores hasta que estalló el ataque fatal de este invierno.
Alrededor de 5,000 indígenas tzoltziles de Chalchihuitán tuvieron que huir a las montañas con nada más que la ropa puesta y algunos trapos y plásticos con los que armaron improvisados campamentos anclados con ramas secas de árboles a la intemperie en una zona donde por las noches baja de los cero grados centígrados. Nueve personas han muerto por el frío y sus consecuencias.
Súplicas
“Le suplicamos al gobierno y a la sociedad que nos ayude’’, advirtió el presidente municipal, Martín Gomez, poco después del desplazamiento forzado. “Exigimos que se apliquen los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas para salvaguardar la vida de estas personas’’, solicitaron en un comunicado organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Las organizaciones reprocharon al gobierno la falta de “acciones’’ para solucionar a tiempo el problema y no prevenir la tragedia que hoy le costará alrededor de 900,000 dólares para la reconstrucción de las viviendas indígenas destruidas.
El gobierno del estado de Chiapas entregó el cheque por esa suma al comisario ejidal de Chalchihuitlán, Nicolás Pérez en días recientes, poco después que el Tribunal Superior Agrario se desdijera de la decisión de 1973 y determinara que “fue un error“entregarlas a Chalchihuitlán y darle la razón a Chenhaló.
Aún no se sabe lo que harán los vencidos.
“El reto ahora es ayudar a que la paz social se mantenga antes, durante y después el resolutivo del Tribunal Agrario’’, advirtió el presidente de la mesa directiva del congreso local Willy Ochoa ante el polvorín social que significa el conflicto por tierras en el estado.
Desde la Colonia
Chiapas no ha terminado de resolver los conflictos de propiedad que datan desde la época colonial y se agudizaron el siglo pasado debido a un complicado reparto de tierras que benefició a alrededor de tres millones de personas pero miles de comunidades oriundas quedaron inconformes.
En los últimos años, la Secretaría de la Reforma Agraria ha resulto alrededor de 950 disputas, pero aún hay cientos sin resolver, la mayoría en zonas indigenas.
Tan sólo en el estado de Oaxaca hay alrededor de 364 casos de peleas por tierra y, en el estado de Chiapas, la entidad enfrenta alrededor de un centenar al que se suman conflictos por la expansión proyectos de energía, mineros, agua y transporte impuestos por el gobierno sin consultar a los pueblos originarios.
“El secreto para resolver el problema es que nadie abuse del poder, sino que todos defendamos a los más débiles e indefensos y que nuestra máxima lucha sea por conseguir la paz’’, advirtió el sacerdote Felipe Arismendi, quien intermediario en los diálogos.
“Cada organización quiere imponer su razón y su fuerza, no por la vía del dialogo y la negociación sino por la violencia y por eso Chiapas está regresando a los tiempos de grandes conflictos’’.
Las disputas entre municipios amenazan con retornar a miles a la violencia de tiempos coloniales