Lucha campal contra abortos para menores detenidas
El gobierno pretende tomar control de las decisiones reproductivas de migrantes menores de edad en refugios del gobierno
El gobierno presentó argumentos esta semana ante la Corte Suprema para impedir que una menor de edad indocumentadaque se encuentra bajo custodia en refugios para menores, pueda salir a realizarse un aborto.
Previamente, un juez federal ordenó al gobierno de Trump que dejara de impedir la salida de dos jóvenes centroamericanas de 17 años de los refugios de ORR,método que están utilizando para retrasar o impedir los abortos que ambas desean practicarse.
El gobierno solo apeló el caso de una de las muchachas,ya que descubrió que la otra tenía 19 años y que sería transferida a la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)donde están los migrantes mayores de edad.
No hay restricciones sobre el aborto para las detenidas mayores de edad, pero el gobierno no paga por el procedimiento.
Estos dos nuevos casos recuerdan al de otra joven, Jane Doe, que en octubre libró una batalla para permitir que le dejaran practicarse un aborto tras cruzar la frontera en este país. Eventualmente, las cortes fallaron en su favor y se realizó el procedimiento.
Sin embargo, no se trata de casos aislados, dicen abogados de derechos civiles,sino de una nueva política según la cual el gobierno de Trump pretende controlar el derecho reproductivo de las menores extranjerasbajo su custodia, aún cuando estas tengan fondos privados para hacerlo.
Desde hace varios meses, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno de Donald Trump, está intentando forzar legalmente una nueva política en los refugios de menores que maneja la agencia llamada ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados), para impedir abortos entre las menores bajo su custodia.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU), está representando a las dos jóvenes y mantienen una demanda contra esa nueva política del gobierno,alegando que es contraria a la Constitución de los Estados Unidos y diversos precedentes legales.
Las muchachas, de las cuales no se ha divulgado ningún detalle de identidad o donde están detenidas, son mencionadas en los documentos legales con típicos “alias”: Jane Poe y Jane Roe.
No obstante, el juez concedió al gobierno 24 horas para presentar apelaciones y estos acudieron de inmediato al nivel de apelaciones y de la Corte Suprema.
Tras la decisión inicial del juez de distrito, la abogada Brigitte Amiri, de la ACLU, dijo que a pesar de la orden judicial, “este gobierno no parece que vaya a abandonar su cruzada cruel para impedir abortos a las personas más marginalizadas dentro de nuestras fronteras”.
Las reglas internas, tanto de ICE como de ORRno impiden que las detenidas embarazadas pidan acceso a cuidados reproductivos o puedan practicarse un aborto si así lo desean.
En este caso, las jóvenes tienen acceso a fondos privados para pagar el procedimiento, pero el gobierno estaba impidiendo su salida para que no lograran llevarlo a cabo.l