UNA PESADILLA
El año 2017 fue una pesadilla para los inmigrantes. El gobierno federal dejó de verlos como una fuerza positiva que fortalece la economía y la fibra social de Estados Unidos. Su nueva visión fue un retroceso en la historia, cuando prevalecía la ignorancia, el nativismo y el miedo irracional.
La histeria del pasado revivió en el discurso de Donald Trump desde el primer momento. Al anunciar su candidatura dijo que México enviaba a sus criminales y violadores. Más tarde culpó a los inmigrantes de quitarles el empleo a los estadounidenses y de ser la causa de la baja de salarios.
La inmigración no estaba en las prioridades del electorado. El mensaje trumpista de la amenaza inmigrante resonó en un sector económicamente deprimido, listo para creer que sus problemas eran la culpa de extranjeros.
A Trump le simplificó el trabajo el coloca temas complicados de política laboral, económica y de seguridad pública al canasto de la migración. Así satisfacía su base política, y a los extremistas anti-inmigrantes, matando
Inmigrantes
muchos pájaros de un tiro. Los republicanos más moderados miraron para otro lado.
Desde el primer día cambiaron las prioridades de migración hasta llegar al día de hoy.
Todos los indocumentados fueron iguales para los ojos de la administración. No importa que sean honestos, trabajadores, ni que tengan una vida formada en este país. Las consideraciones para la deportación son las mismas que un asesino recién llegado.
Este celo llegó hasta al punto que la Casa Blanca dejó al borde de la deportación a los menores de edad que fueron traídos por sus padres, que se criaron y educaron en este país. Los convirtió en un maquiavélico objeto de negociación para un futura ley de migración, donde su regularización es al costo de facilitar la deportación de sus padres.
La propuesta del muro entre México resume la conveniencia de convertir al indocumentado en un chivo expiatorio. Con solo impedir el cruce ilegal se soluciona la falta de empleo los salarios bajos y la amenaza a la seguridad pública. Una solución mágica y desprovista de realidad.
Por eso desde Washington se explota cada delito cometido por un indocumentado para vilificar toda una comunidad. Para exigir a las autoridades policiales locales que actúen de una manera anticonstitucional, deteniendo a una persona más de lo debido. Y se amenaza con quitar fondos para seguridad pública, precisamente poniendo en peligro las ciudades que se niegan a actuar como agentes de inmigración.
Todo esto es una bonanza para la industria de los centros de detención, a pesar de que el Inspector General del Departamento de Seguridad Interna diga que el trato es inhumano tanto en los privados como los gubernamentales.
Al cierre del año, Tump considera separar los hijos de su padres indocumentados al ingresar al país.
El 2017 empezó mal y termina peor.•