Activistas advierten del “impacto catastrófico” para la ciudad de Nueva York en términos socioeconómicos y de inmigración

Miedo. Ese fue el crudo sentimiento que se apoderó del salvadoreño Hugo Rodríguez, residente en Long Island, al enterarse que el Departamento de Seguridad Nacional decidió ayer no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus connacionales beneficiados por este programa en toda la nación.

Rodríguez, de 43 años, pensó en el futuro de sus dos hijos adolescentes nacidos en Estados Unidos y en sus sueños de asistir a la universidad. El padre dijo que contener el llanto fue imposible al imaginar su vida desmoronándose, ya que lo que menos desea es la separación de su familia.

El futuro de mi familia está en juego. Toda nuestra vida está en los Estados Unidos, y es el país de mis hijos. Emigré hace 17 años. He trabajado duro, empecé de nada y poco a poco he ido progresando sin pedir asistencia pública. No conozco El Salvador, regresaría con las manos vacías. Mi patrimonio está aquí”, dijo Rodríguez, un cocinero del popular restaurante Peter Luger Steak House, en Great Neck, Long Island.

Incierto plazo de 18 meses

Con la cancelación del TPS, a los beneficiarios del programa se les dio hasta septiembre del 2019 para dejar el país, un plazo que agudiza la ansiedad de Rodríguez y de otros padres salvadoreños con hijos estadounidenses en nuestra área.

Según la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA), en la ciudad Nueva York residen 15,000 beneficiarios del TPS, y de esa cifra, 4,200 son salvadoreños. La agencia estima que en nuestra área 8,000 niños nacidos en los Estados Unidos son hijos de padres ‘tepesianos’.

En el estado de Nueva York residen 30,00 beneficiarios del programa, incluyendo 16,200 salvadoreños. Los activistas estiman que la mayor concentración está en el condado de Suffolk, Long Island.

“No queda más que seguir luchando estos 18 meses. Si uno lucha por algo uno lo puede conseguir, yo estoy mostrándole al país quien soy yo. Soy un padre, no un número. Lo único que estoy pidiendo es la oportunidad de trabajar y de vivir en paz”, expresó. “No soy un pandillero, no soy un criminal. Cuando llegué a este país empecé lavando platos, ahora soy un cocinero que gana $22 la hora, no soy una carga para el Gobierno”.

Rodríguez, con un hijo de 17 años a punto de matricularse en la universidad y una de 15 que sueña con convertirse en maestra, espera que su voz y la de sus connacionales sea escuchada en el Congreso, pues volver a Usulután no es una alternativa para este padre y su familia.

“Enviarnos a la muerte”

Minda Hernández aún recuerda la sensación de paz y esperanza que invadió su corazón cuando pisó suelo estadounidense hace 20 años, como una beneficiaría del TPS. La madre sobrevivió a la más cruda violencia de pandillas en su país natal. Por eso, para ella y su familia escapar de El Salvador fue una cuestión de vida o muerte.

“Yo venía hoy en el tren dispuesta a defender el TPS cuando mi hermana me llamó para decirme que el Congreso terminó con el programa. Yo sentí como el miedo me recorría de pies a cabeza, sentí la incertidumbre sobre los hombros, pensé en mi niño de 16 años. Él es un ciudadano estadounidense. El Salvador no es su país, allá no hay vida para él”, dijo Minda, quien trabaja como conserje en un centro comercial de Huntington, Long Island.

Minda y su esposo, ambos beneficiarios del TPS, son dueños de casa, y ese era su sueño americano. La madre dijo que trabajan duro para pagar puntualmente más de $2,000 en hipoteca, todo lo hacen por su hijo.

“Nuestra esperanza es él, no hay más a que aferrarnos”, expresó Minda con tristeza. “¡Por el amor de Dios, que se toquen el corazón! Son nuestras familias las que están en el limbo ahora”.

El impacto será catastrófico

Los activistas de Nueva York advirtieron en una conferencia de prensa ayer que la terminación del TPS tendrá un “impacto catastrófico” para la Gran Manzana en términos socioeconómicos y de inmigración. La mayor preocupación es el riesgo de deportación y la separación de familias, dijo Anu Joshi, directora de política de inmigración de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC).

“Estas familias están en riesgo. No es suficiente el plazo de 18 meses para que estos padres regularicen su estatus y así evitar la separación de sus hijos estadounidenses”, dijo Joshi. “El tejido social del país estaría sufriendo severamente. Los beneficiarios del TPS son miembros fundamentales de nuestras comunidades. La Administración de Trump no está adelantando ese panorama devastador, no se está considerando responsablemente el daño que causará la terminación del programa”.

Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ, describió la decisión como “desalmada” y teme la “destrucción de las familias inmigrantes”.

“Deportar a cientos de miles de residentes de los Estados Unidos para enviarlos al país más peligroso del hemisferio occidental no sólo es una afrenta a los valores americanos, sino casi un acto homicida”, dijo el líder sindical.l