OTRO GOLPE A LOS INMIGRANTES
Las deportaciones masivas son la marca de la Administración Trump. Qué más masivo se puede ser que advertirle a más de 200,000 personas que son los próximos en la lista.
En este caso, son los salvadoreños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS) a los que se los quiere expulsar con una lectura estricta de la ley que muy poco tiene que ver con la realidad.
La prioridad de la Casa Blanca es la expulsión de los extranjeros. No importa cuándo y cómo vinieron, cuánto estuvieron en Estados Unidos, que conexión y aporte hicieron durante ese período ni cual es el impacto personal, en su comunidad local ni en el país de retorno.
Para el gobierno federal todos los inmigrantes son iguales. Son un blanco y una cifra de deportación. Esta es una miopía que a larga perjudica tanto al deportado como al que deporta.
Es un grave error ver el TPS para los salvadoreños como una cuestión exclusiva de política migratoria.
Pasaron 17 años desde que
TPS
se otorgó el último TPS a los salvadoreños después de terremoto. Por ahora la tierra no tiembla, pero eso no significa que hayan cambiado las circunstancias que causaron su partida.
Por diversos motivos la nación centroamericana no se recuperó como absorber decenas de miles de personas. Muchos de ellos, que construyeron su vida en una sociedad muy distinta, llegarán a un país que no tiene la infraestructura, el mercado laboral, ni una economía.
El desequilibrio que causará ese retorno en El Salvador es malo para la región y para los intereses estadounidenses. El regreso de esta multitud a una sociedad estremecida por una violencia y pobreza -que hasta hoy causa un éxodoempeorará la situación.
A esto se le debe sumar la gran reducción de los 4,576 millones de dólares que recibió El Salvador en remesas en 2016, un 17.1% de su Producto Bruto Interno.
No se puede decir que el costo de no empeorar la situación, extendiendo la estadía de los beneficiarios del TPS pone en peligro la seguridad pública de los estadounidenses. El argumento preferido de la Casa Blanca.
Estos salvadoreños pasaron por numerosas revisiones de antecedentes penales cada vez que renovaron su permiso. Ellos son trabajadores, empleadores, propietarios de viviendas y cabezas de familia que construyeron su vida en Estados Unidos.
Su partida tendrá un precio caro para la economía de las comunidades que los verán partir; tendrá un desalmado costo humano en las familias que se separarán, en las decenas de miles de niños estadounidenses que irán a un país al que no pertenecen.
La mejor alternativa para la estabilidad de todos es su regularización legal a través de una ley de reforma integral. Para eso hay que tener una visión amplia del fenómeno migratorio en vez de uno exclusivamente punitivo.