Violeta Luis
Para la dominicana Violeta Luis, de 60 años, luchar durante dos años por sus derechos laborales fue una cuestión de compromiso con ella misma y con las nuevas generaciones de trabajadores. La residente del Alto Manhattan decidió sumarse a la campaña que pedía el salario mínimo de $15 la hora en el sector de la comida rápida, tras escuchar las penurias de jóvenes inmigrantes “que intentaban sobrevivir con un salario que nos les alcazaba ni para comer”, contaba.
Este miércoles, esta mujer que trabaja desde 2013 en un McDonald’s fue una de las asistentes al lanzamiento oficial de Fast Food Justice. Se trata de la primera organización sin fin de lucro de trabajadores de fast food registrada bajo una legislación aprobada en 2017. La ley de la ciudad de Nueva York permite que los empleados de este sector contribuyan voluntariamente, con deducciones de sus salarios, como ocurre con un sindicato, a una organización de apoyo de trabajadores.
Luis cuenta que por su edad siente que le dejan fuera de su horario muchas veces y nunca ha tenido ningún lugar donde realmente quejarse por los continuos cambios y cancelaciones que sufre en su jornada laboral. “Quizá los empleadores no conocen las nuevas leyes de horarios”, especula, “pero tengo confianza de que con esta organización se resolverán los problemas”.
Fast Food for Justice no negocia contratos colectivos ni representa a los trabajadores pero les orienta sobre cómo tienen que canalizar sus quejas en caso de que no se respete la nueva ley de horarios o los días de enfermedad, por ejemplo.
“Quiero que me traten con respeto y me gusta saber que hay un lugar donde puedo llamar para que eso ocurra”, explica Luis sobre la nueva organización que se financia con el equivalente de una hora del trabajo al mes, actualmente, y durante todo este año, $13.50.
Algunos retos
Aunque la organización ya está lanzada y cuenta con el apoyo de otras como Center of Popular Democracy, Make the Road New York y la New York Taxi Workers Alliance, además de funcionarios electos como el contralor Scott Stringer y la defensora del pueblo Letitia James, también tiene algunos retos frente a ella. El Restaurant Law Center, de la National Restaurant Association ha interpuesto una demanda por la obligación de las empresas de fast food de deducir la contribución de los trabajadores en favor de Fast Food Justice.
El apoyo de estas organizaciones no solo permite a Fast Food Justice dar cobertura a trabajadores y verificar que las empresas cumplen con la legislación de la ciudad, sino también actuar en otras áreas de justicia social y comunitarios que afectan a estos empleados como políticas públicas justas de transporte, vivienda segura y asequible y asuntos de inmigración.
James señaló que esta organización es “la última victoria para los trabajadores tras un año en el que se ha mejorado la legislación sobre horario y acceso a más horas de trabajo”.
Entre tanto, Stringer señaló el nacimiento de Fast Food Justice como un momento para “conseguir progreso real y duradero para los trabajadores”.
Tsdeye Gebreselassie, miembro del consejo de Fast Food Justice, declaró que no van a parar “hasta que los trabajadores de este sector hayan transformado su industria en una cuyos empleos permiten sostener a familias”.
Trabajadores satisfechos
Para los mexicanos José Sánchez y Albino Hernández, ambos empleados de Domino’s Pizza, el aumento de salario que llegó a primeros de año y los $15 que recibirán en 2019 representa un alivio económico para sus familias.
“El costo de vida en Nueva York es cada vez más alto, tal vez este salario sea poco para muchos, pero para nosotros es una gran victoria. Trabajamos demasiado duro por nuestras familias, merecemos que ese trabajo sea recompensado”, dijo Hernández. “La lucha de los trabajadores no termina aquí, todavía hay mucho que cambiar, pero ahora estamos unidos y sabemos cómo organizarnos”.
Sánchez, que lleva seis años en esta cadena de pizzerías estaba feliz de pertenecer a esta organización. “Ahora mismo no tenemos horario de salida y no podemos hacer planes, ahora, con las nuevas leyes van a tener que respetar eso. Con Fast Food Justice vamos a asegurar que se cumplen las leyes”.
Este trabajador dice que el hecho de tener esta organización de su parte no excluye la demanda de tener un sindicato. El SEIU, que ha apoyado con fuerza y recursos la lucha por los $15 no ha podido sindicalizar a muchos trabajadores pero Sánchez cree que se va a seguir luchando para conseguirlo.l