El contralor pide el fin de los aseguradores de fianzas comerciales
B@anabnieto
La cuestión es compleja pero el contralor de la ciudad, Scott Stringer, la resume en una sola y sencilla frase: “debemos eliminar el fin de lucro de nuestro sistema judicial”.
Es la conclusión y acción que pide tras hacer público un informe que analiza los efectos de los seguros comerciales de fianzas (commercial bail bonds) usados para evitar que un acusado de delito o falta esté detenido hasta que se celebre su juicio. Stringer propone eliminar el negocio de estos seguros, cada vez más lucrativo pese a la caída del crimen, y que es pieza crucial de un sistema que, según ha verificado su oficina, cuesta dinero a quienes menos pueden permitírselo y a los contribuyentes.
Con el uso regular de las fianzas las personas de bajos recursos, a diferencia de las que tienen dinero, tienen que echar mano de recursos que son escasos, quedarse en la cárcel hasta su cita en la corte (en el que se le puede declarar inocente) o acudir a un asegurador comercial de fianzas. De las 50,000 entradas en prisión el año fiscal 2017, 33,000 eran de casos de personas que no pudieron pagar fianza en su primera comparecencia. La mitad eran negros y un tercio de ellos hispanos. Algo más del 33% terminaron acusados de faltas o infracciones menores (no delitos) y uno de cada cinco de ellos presentaba un cuadro de enfermedad mental.
Muchas familias se ven forzadas a usar a estos bail bonds comerciales. Este negocio se encarga de presenta un seguro de pago al juez a cambio, normalmente, del 10% de la fianza que se cobra al detenido o a su familia para asegurar la presencia en el juicio. Ese dinero no se devuelve pase lo que pase, aunque el acusado se presente ante el juez o haya sido injustamente acusado. A veces a este capital hay que añadirle comisiones o incluso avales con propiedades.
El informe sobre estos seguros, que no son legales en el resto del mundo y se han prohibido en cuatro estados del país, indica que representan ya más de la mitad de las fianzas que se fijan en la ciudad. El año pasado estos negocios consiguieron entre $16 y $27 millones en comisiones sobre fianzas que típicamente rondaban los $5,000 en 2015 y $1,000 cuando los delitos no eran graves.
Stringer considera que estos intermediarios son innecesarios, porque hay otros sistemas para asegurar que un acusado comparecerá ante el
Stringer asegura que el fin de lucro debe estar fuera del sistema de justicia
juez . Desde chequeos regulares con las autoridades hasta un porcentaje de la fianza directamente, el aval de una propiedad o seguros parciales, entre otros que suponen desembolsos menores y que a diferencia de los comerciales
Scott Stringer
son devueltos. “Los jueces han permitido que este negocio florezca porque presentaban una solución fácil”, explicó Stringer a este diario.
El contralor quiere que los jueces sean conscientes del costo de estas fianzas, sobre todo las comerciales, que son muy punitivas para familias incluso antes de que un miembro de esta haya sido declarado culpable. Eliminando el negocio pueden pensar en las opciones menos costosas.
Se estima que los detenidos que no pueden salir bajo fianza pierden unos $28 millones en salarios anualmente aunque la mitad de los detenidos y encarcelados terminan pagando tres días más tarde. Es algo que revela la inutilidad del sistema a la hora de calificarlo como una medida de seguridad pública.
La oficina de Stringer calcula que los detenidos que podrían haber sido puestos en libertad de haber tenido dinero para la fianza pasan unos 119,030 días en prisión y cada uno de ellos cuesta $400 por día, un costo que hacen frente los contribuyentes y que no tiene que ver con encarcelaciones por crímenes serios. “El poder judicial ha fallado a la hora de reformar un sistema que los jueces pueden hacer menos oneroso”, critica Stringer.
El suyo es un argumento más en un debate ya abierto sobre la reforma del sistemaen todo el país y que está activo en Albany (el Gobernador, Andrew Cuomo, considera eliminarla). Hace unos días los fiscales de Manhattan y de Brooklyn, Cyrus R. Vance, Jr. y Eric González, respectivamente eliminaron el requisito de fianza en la mayoría de los casos de delitos e infracciones menores.