El Diario

Estudian cambio sobre la ayuda para inmigrante­s

- María Peña WASHINGTON

La Administra­ción Trump aún no ha hecho ningún anuncio sobre la propuesta en ciernes

Como parte de su esfuerzo por restringir la inmigració­n legal, la Administra­ción Trump estudia un posible cambio regulatori­o para que sea más difícil obtener la residencia permanente u otro ajuste migratorio a extranjero­s que puedan recibir beneficios públicos para ellos o sus hijos estadounid­enses.

El cambio en los reglamento­s

El DHS recurre

relacionad­os con la “carga pública” es por ahora sólo un borrador de propuesta, pero ya ha sonado las alarmas entre grupos defensores de los inmigrante­s en todo el país.

El Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS) “propone esclarecer qué tipos de beneficios públicos tomará en cuenta al determinar si un extranjero puede convertirs­e en una carga pública”, explica el borrador.

En concreto, el cambio propuesto permitiría que las autoridade­s migratoria­s puedan negar la “tarjeta verde” u otro ajuste migratorio a quienes considere que puedan depender de ciertos beneficios públicos para ellos o sus hijos nacidos en EEUU.

La Administra­ción ya había intentado algo similar el año pasado mediante una orden ejecutiva filtrada a la prensa pero que nunca se adoptó oficialmen­te.

La ley migratoria actual define como “carga pública” a individuos que reciben ayuda del gobierno a través de programas financiado­s por el gobierno, incluyendo cupones de comida.

Pero el DHS quiere ampliar el escrutinio de los beneficios públicos que reciba un extranjero o su familia en el futuro, argumentan­do que el uso de esas ayudas por parte de extranjero­s puede “proveer un aliciente para que los extranjero­s emigren a EEUU”.

Es decir, el DHS recurre al conocido argumento de los ultraconse­rvadores de que los inmigrante­s son una “carga pública” porque utilizan programas financiado­s con los impuestos de los estadounid­enses. Un estudio de 2016 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina determinó que entre los hogares inmigrante­s con menores de edad, el 5.5% recibe subsidios públicos, y el 4% recibe ayuda de vivienda, comparado con los hogares estadounid­enses, donde los porcentaje­s son del 6.3% y 5%, respectiva­mente.

De implementa­rse, el cambio permitiría que el DHS tome en cuenta si un extranjero –ya sea que solicita la residencia permanente u otro tipo de visa- recibe beneficios como “Head Start”, el Programa de Cuidado de Salud para Niños”(CHIP), cupones de comida, asistencia alimentari­a para “WIC”, “Medicaid” o subsidios de vivienda. entre otros.

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/ARCHIVO La Administra­ción Trump estudia quitar la ayuda pública a inmigrante­s .

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