Tareas
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que unos 60,000 inmigrantes que durante los últimos años han pasado por un centro de detención en Aurora, Colorado, son parte legítima de una demanda por trabajos forzados contra la compañía que maneja el centro.
El tribunal del décimo circuito confirmó el viernes por la tarde que nueve ex detenidos en el centro de Aurora, propiedad de Geo Group, representan al colectivo de aproximadamente 60,000 personas en una demanda por enriquecimiento ilícito y trabajos forzados contra la empresa.
Nina Di Salvo, directora ejecutiva de la organización Towards Justice que encabezó la demanda, dijo que ahora la demanda prosigue en torno a los méritos de la acusación y, de ganarla, todos los detenidos en Aurora desde 2014 podrán recuperar salarios atrasados.
“Tomará tiempo”, dijo Di Salvo. “Tomó 4 años llegar hasta aquí, pero el caso tiene un gran potencial, ya que los inmigrantes -deportados o no- no tendrán que presentar su propio caso para recuperar las ganancias perdidas”.
Esto incluye un incontable número de personas que pertenecen al colectivo de la demanda y que fueron deportados. “Están por todo el mundo”, apuntó Di Salvo.
Geo Group, una compañía privada de prisiones, maneja el centro de detención para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Aurora, Colorado.
“Esta decisión pasa el poder que tiene una gran corporación a los detenidos vulnerables”, dijo David López de Outten & Golden, LLP, una firma de abogados que representa a los demandantes. “Con ese poder, los detenidos podrán desafiar prácticas de larga data que han permitido a GEO explotar a los detenidos mientras se embolsan dólares de los contribuyentes”.
La demanda colectiva comenzó en 2014, cuando los nueve ex detenidos iniciales, representados por la organización Towards Justice y varios bufetes de abogados, alegaron que dos programas de “sanidad” que el centro impone a sus detenidos son ilegales bajo leyes federales y estatales.
De acuerdo a la demanda, los migrantes detenidos cocinan y sirven comidas, trapean pisos, limpian baños, cortan pelo, asean celdas y cuidan los espacios públicos de la cárcel privada que les paga $1 al día por su labor y, en algunos casos, nada.
Ese ha sido desde hace ya algún tiempo el modus operandi de muchos centros de detención privados para inmigrantes y las autoridades alegan que no se trata de empleo formal, sino de un programa voluntario por el que los detenidos reciben un pequeño “estipendio”.
Se defiende
GEO alega además que operan bajo una excepción que permite imponer labores a un criminal convicto -se trata de una excepción a la Décimo Tercera enmienda que prohibió la esclavitud- pero hasta ahora los tribunales no están convencidos de esto.
“La clave es que estas personas no son criminales convictos sino detenidos civiles”, explicó Di Salvo. “Algunos ni siquiera han transgredido leyes migratorias”.
La demanda, firmada por nueve detenidos, alega que la empresa crea con dicha política una práctica de “trabajos forzados” para su propio enriquecimiento, lo cual es ilícito y además, viola la ley federal de protección de víctimas del tráfico, que prohíbe las labores forzadas.
El año pasado GEO obtuvo ganancias del orden de $1,500 millones.
El centro de detención tiene un doble programa de trabajo para sus detenidos: una política sanitaria general, que tiene un componente
Archivo obligatorio y uno disciplinario, y un programa “voluntario” en el que los detenidos trabajan en diversas tareas, hasta 8 horas al día, recibiendo un dólar por día.
Los detenidos que se niegan a participar en las asignaciones de limpieza enfrentan sanciones como acusación penal, segregación en celdas de aislamiento por hasta 72 horas, pérdida del trabajo, reprimenda, pérdida de derecho a comprar en la comisaría o restricción a su celda de vivienda.
La demanda exige el cese de dicha práctica y la recuperación de los salarios perdidos por detenidos durante los últimos dos años. Teóricamente, un triunfo de esta demanda podría significar la modificación de esta práctica en otros centros privados del país. Cerca de dos tercios de los centros de detención migratorios del país son privados.