Arrestan al expresidente Colom por corrupción
Realizan 14 allanamientos para dar con otros implicados en el caso ‘Transurbano’
El expresidente Álvaro Colom orquestó un proceso fraudulento para sustraer al erario público de Guatemala 35 millones de dólares, una cantidad con la que supuestamente se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como “Transurbano”.
“Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo”, dijo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana.
Esta causa, bautizada como “Transurbano: Un fraude al Estado. Etapa 1”, ha permitido hasta el momento la captura de 11 personas, entre ellas el propio Colom y varios de sus ministros, como el actual presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, mientras que otras personas están prófugas.
De los 35 millones de dólares que el Gobierno entregó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para la puesta en funcionamiento de este servicio, 1,3 millones de dólares regresaron al sistema bancario guatemalteco enviados por una empresa que los entregó a “manos privadas”, 13,9 se usaron para comprar maquinaria que está almacenada en una bodega “sin utilizar” y 6 millones de dólares para pagar gastos “no compatibles con el proyecto de inversión”.
“El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está sujeto a investigación”, explicó el abogado, quien detalló que de los 1,3 millones que regresaron a Guatemala 780.000 los recibió Javier Arzú Tinoco y 270.000 Juan Luis Rodríguez, que los envió al entonces secretario de la Presidencia Gustavo Alejos, ahora en prisión preventiva.
Velásquez y Aldana detallaron que el Gabinete de Gobierno firmó el acuerdo gubernativo para la concesión de los fondos, siendo “la consagración de todo el mecanismo de engaño” (fraude) y la entrega del dinero, de forma “arbitraria”, lo que generó la perpetración del delito de malversación, pues no se realizaron los estudios oportunos que acreditaran la necesidad de ese subsidio.
Pero además, los miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) crearon cuatro sociedades anónimas, el mismo día con la misma notaria y el mismo propósito, con el fin de “captar los recursos que se destinarían” a instalar el sistema prepago en el servicio de autobús.
“En el caso de la actual investigación, se pudo establecer que el artificio para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos
que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del acuerdo y la erogación de los recursos”, resumió Aldana.l