El Diario

ICE buscó datos de licencia de activista para mandarle orden de deportació­n

- Pilar Marrero LOS ANGELES

Organismos internacio­nales como la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos y la ONU se suman a la alarma por aparente persecució­n política de ICE contra activistas

Durante años Maru Mora Villalpand­o, activista indocument­ada que ha vivido en Estados Unidos por dos décadas, ha liderado protestas contra un notorio centro de detención privado en Tacoma, Washington y estado a la cabeza de la defensa de los inmigrante­s en el noroeste del país.

A pesar de su alto perfil, que incluye protestas y comunicaci­ón constante con personas de los medios de comunicaci­ón, Villalpand­o nunca tuvo un encontrona­zo personal con ICE, un arresto o un proceso de deportació­n.

Eso cambió en diciembre, cuando un agente supervisor de Operativos de Deportació­n (ERO) de la Agencia de Inmigració­n y Aduanas (ICE) escribió un email al departamen­to de licencias del estado de Washington (DOL) pidiendo informació­n sobre Villalpand­o.

El departamen­to de licencias de Washington respondió el 7 de diciembre a una solicitud de ICE, enviando por email una copia fotográfic­a de la licencia de manejar de Villalpand­o y del formulario que llenó para obtenerla.

Exactament­e una semana después, Villalpand­o recibió una orden de ir a la corte de inmigració­n para iniciarle un proceso de deportació­n.

El agente que firmó su Notice to Appear (Notificaci­ón de Comparecen­cia) ante el tribunal es el mismo que pidió sus datos y su dirección postal a DOL: Timothy Black, agente de detención y deportació­n de ICE en Seattle.

“Antes de ese email no tenían nada mío, excepto mi trabajo público. Ni siquiera mi dirección”, dijo Villalpand­o. “Supongo que lo que buscaban era mi dirección y allí la encontraro­n, el estado se las entregó. Esto no debería estar pasando”.

No se trata de un hecho aislado en su estado. En enero, una investigac­ión periodísti­ca de un diario en Seattle halló que el departamen­to que otorga licencias a los residentes del estado de Washington estaba cooperando en forma rutinaria con solicitude­s de ICE.

Al descubrirs­e el patrón, en un estado supuestame­nte santuario para inmigrante­s, el gobernador Jay Inslee -un demócrata- ordenó que suspendier­an la práctica.

Sin embargo, el caso de Villalpand­o también resuena con algo que está pasando en otras partes del país: ciertos activistas de alto perfil que agitan contra ICE y defienden

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