Máximo Tribunal estudia nuevo caso de sindicato de empleados públicos
Se emitirá un dictamen a finales de junio próximo
El Tribunal Supremo escuchó ayer el polémico caso contra un sindicato de empleados públicos que podría minar el poder político y financiero del movimiento sindicalista en EEUU, y afectar a hasta diez millones de trabajadores en todo el país.
La máxima corte del país se pronunciará a más tardar en junio próximo sobre si los empleados públicos que no pertenecen a sindicatos están o no obligados a pagar cuotas para cubrir los gastos relacionados con la negociación de contractos colectivos.
El evento fallo del Tribunal Supremo afectaría tanto a los sindicatos del sector público en 22 estados donde también representan a empleados no afiliados, como a los gremios en general.
En este caso, Mark Janus, un empleado público de Illinois, entabló una demanda contra la “Federación Estadounidense de Empleados de Estados, Condados y Municipios” (“AFCSME”) para impedir que su empleador continuara deduciendo de su pago $45 mensuales para cubrir los gastos del gremio.
Janus trabaja como especialista en asuntos de manutención de menores del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois pero no pertenece a AFCSME, y considera que el cobro de la cuota es inconstitucional.
Janus argumenta que el cobro de la cuota viola su derecho a la libertad de expresión porque el sindicato apoya a candidatos y posturas contrarias a su filosofía política.
El juez conservador Neil Gorsuch no hizo pregunta alguna durante la audiencia de una hora, mientras que el juez Anthony Kennedy mostró una actitud abiertamente hostil hacia los sindicatos, al señalar que, en el fondo, el caso se trata de un “subsidio obligatorio de una entidad privada (los sindicatos) que expresa posiciones políticas constantemente”.
En un intercambio con el abogado William Messenger, de la “Fundación Legal Nacional por el Derecho al Trabajo”, la jueza Sonia Sotomayor señaló que, en resumen, la demanda busca eliminar los sindicatos.
Para la juez Ruth Bader Ginsburg, un fallo en contra de los sindicatos tendría el efecto de privarlos de los recursos que requieren para “ser un socio equitativo” en la mesa de negociaciones colectivas.
Un fallo de 5-4 bastaría para exigir que los sindicatos cesen la práctica de cobrar la cuota a empleados no afiliados,
lo que supondría un claro revés para sus arcas y su influencia política, ya en declive.
Otros sindicatos están pendientes del fallo del Tribunal Supremo porque también tendría repercusiones para sus miembros. La Federación Estadounidense de Maestros (AFT), tiene poco más de 1,5 millones de miembros, y 93,844 empleados no afiliados que pagan cuotas de representación.
La Asociación Nacional de Educación (NEA), otro gremio de maestros, tiene 2,9 millones de miembros, y 87,764 empleados no asociados que también pagan cuotas.
David Frederick, el abogado que representa a AFCSME, dijo que el cobro de cuotas es necesario para cubrir los gastos de negociación colectiva, y si el Tribunal Supremo revierte un fallo de 1977, que hasta ahora ha permitido esa práctica, eso sin duda minaría la influencia política de los sindicatos.
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