Tren interurbano peligra por falta de transparencia
√Gardenia Según el papel y las promesas del gobierno mexicano, el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) costaría menos del estimativo actual y debió de entregarse desde diciembre pasado. Lejos de ese ideal, actualmente ni siquiera se sabe qué empresa fue la ganadora de la licitación.
Tales observaciones se desprenden del informe Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del TIMT, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organzación civil patrocinada por empresarios que desde hace tiempo empujan a funcionarios públicos a las buenas prácticas.
El TIMT fue cotizado en 2014 en 38,000 millones de pesos (alrededor de 2,100 millones de dólares) y actualmente tiene un reporte de gastos poco detallado por 59,000 millones de pesos (unos 3,200 millones de dólares) por lo que IMCO deduce que el proyecto ya no es socialmente rentable.
“Hemos encontrado un proceso de contratación desorganizado y opaco’’, dijo Max Kaiser, director contra la corrupción de IMCO.
La falta de transparencia es una constante en la obra publica de México. En el caso del TIMT, por ejemplo las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Hacienda no presentaron los documentos de contratación pública y cuando se solicitaron los negaron.
“La falta de respuesta deja lugar a dudas de corrupción, pues las autoridades no pudieron justificar con documentos cuáles son los contratos de preinversión de la obra, las modificaciones que se han hecho a los contratos, quiénes son exactamente los beneficiarios y dueños del contrato adjudicado, ni cuándo va a terminarse y cuánto va a costar”, advirtió Kaiser.
Otros problemas son la planeación incompleta, insuficiencia técnica, presupuesto y problemas de ejecución.
IMCO aclaró que no pretende determinar responsabilidades penales, administrativas, o montos malversados —esto requiere una investigación que solo órganos del Estado mexicano, especializados y facultados pueden hacer — sino ayudar a mejorar las malas prácticas.
“El gobierno federal debe convertir las prácticas de transparencia en la obra pública en una prioridad nacional. En los contratos se debe incluir el objeto social, socios, beneficiarios finales de las empresas contratadas y si estas se encuentran registradas en CompraNet (la plataforma oficial) y tienen un historial de cumplimiento de otros contratos’’, detalló.l