Más de un peligro acecha en ‘carretera de la muerte’
Regresa la violencia al tramo fronterizo de la vía entre Monterrey y Tamaulipas
Una carretera clave para los migrantes que visitan México volvió a la lista de focos rojos debido a la violencia que podría ser mortal para quienes la transitan. Se trata del tramo que enlaza a las ciudades de Monterrey en Nuevo León, y Reynosa en Tamaulipas, en la frontera con Texas.
El gobierno de Nuevo León fue al extremo y recomendó a sus ciudadanos “no viajar“a EEUU por esa vía popular en temporada vacacional como actualmente ocurre por Semana Santa. “Mejor que (se queden) a disfrutar del estado’’, dijo el mandatario Manuel González.
“La Carretera de la Muerte’’ como la llaman familiares de desaparecidos en la región saltó a la fama con ese apodo desde finales de la década pasada debido a los múltiples hechos de violencia que ocurren en ella, casi siempre relacionados con el crimen organizado y sus sicarios que se paseaban por ahí muchas veces con uniformes clonados de las Fuerzas Armadas.
En días recientes, el tramo carretero que comprende 218 kilómetros (y varios cientos de poblados) también es un vaivén de delincuentes de diversas células de los Zetas y el cartel del Golfo que enfrentan a soldados, marinos, policías federales y estatales en Tamaulipas, donde los tres penúltimos gobernantes han sido acusados de complicidad con las organizaciones criminales.
El caso es que la violencia y las desapariciones volvieron a ser el pan de cada día en la carretera de la muerte a pesar de los operativos oficiales. El pasado 1 de marzo, el ministerio público de Matamoros arrancó una carpeta de investigación por la desaparición de cincuenta guatemaltecos cuya existencia dejó de reportarse cuando atravesaron la zona y hasta la fecha.
En 2012, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, en el estado vecino, reportó la desaparición en ese mismo trayecto de por lo menos 256 personas entre las que destacaban ingenieros civiles y en sistemas computacionales, químicos, contadores, administradores y una serie de profesionistas que los activistas consideraban útiles para fines delincuenciales.