ICE mantendrá detenidas a embarazadas que sean “peligro” para la comunidad
Al revertir una política de ICE que, con excepciones, permitía la puesta en libertad automática de mujeres embarazadas, la agencia dijo ayer que mantendrá bajo su custodia a aquellas que supongan un “peligro” para la comunidad o sean un riesgo de fuga, en el marco del acecho de la Administración contra los inmigrantes indocumentados.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó ayer formalmente al Congreso de la nueva política respecto a la custodia de mujeres embarazadas, que la Administración adoptó en diciembre pasado.
Para efectos prácticos, salvo las personas sujetas a “detención obligatoria”, ICE no dejará en libertad automáticamente a las embarazadas sino que lo determinará “caso por caso”.
Según datos de ICE, desde diciembre pasado y hasta el pasado 20 de marzo, 506 mujeres embarazadas estaban en centros de detención. En la actualidad, la cifra es de 35, todas sujetas a detención obligatoria.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, Philip Miller, subdirector adjunto de operaciones de deportaciones de ICE, y Ada Rivera, directora de servicios médicos de la agencia, explicaron la nueva directriz.
La nueva política refleja una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que elimina exenciones en la aplicación del “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) y sustituyó, a su vez, la implementada durante la Administración Obama el 15 de agosto de 2016, que permitía la detención solo de personas sujetas a detención obligatoria o por situaciones extraordinarias.
“Lo que es distinto ahora es cuando tenemos a mujeres embarazadas que no están sujetas a detención obligatoria... estamos tratando a esas mujeres embarazadas como tratamos a cualquier otro extranjero bajo nuestra custodia”, con una evaluación “caso por caso” para determinar su puesta en libertad, explicó Miller.
El funcionario no pudo explicar qué pasó con el resto de las embarazadas que ya no están bajo custodia de ICE pero dijo que lo más probable es que muchas fueron deportadas, y otras devueltas a sus comunidades.
Ahora, para alinear las acciones de ICE con una orden ejecutiva de Trump el año pasado, “ya no estamos haciendo exenciones en lo que respecta a la aplicación de las leyes para todos los individuos”, precisó Miller.
La lista de personas sujetas a una detención obligatoria incluye, en general, a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera; personas de países exentos de visas pero que violaron los términos de su estancia, y personas con antecedentes criminales.
En el caso de una embarazada que ha solicitado asilo y ha demostrado “miedo creíble”, su puesta en libertad quedará a la “discreción” de los agentes, según la nueva directriz.
Preguntado por este diario sobre qué peligro suponen las embarazadas, Miller aseguró que también hay mujeres con historial criminal.
La presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Michelle Luján Grisham pidió que ICE revierta “de inmediato” esta política “inhumana” que dará pie a más detenciones de embarazadas, y que “sin duda conducirá a más abortos espontáneos y complicaciones en el embarazo”.
Jess Morales Rocketto, presidenta de la campaña “We Belong Together”, dijo que ICE ha llegado a un punto aún más bajo en su ataque contra los inmigrantes e hizo un “llamado a la acción” para revertir esta política.
“La deshumanización que ocurre en (condiciones de) detención es exactamente lo opuesto a lo que las embarazadas, o cualquier mujer, deben pasar” en sus vidas, afirmó Morales Rocketto, quien se hizo eco de las quejas de activistas de que un centro de detención “no es lugar para embarazadas”.
Por su parte, Victoria Lopez, principal abogada de la Unión de Libertades Civiles, ACLU, dijo que la nueva política “expone aún más la crueldad de la fuerza de detención y deportación de Trump, al poner en peligro las vidas de mujeres inmigrantes embarazadas”.
La directriz elimina protecciones críticas para esta población vulnerable y ciertos requisitos de informes clave para la supervisión de un sistema de detención “que necesita más transparencia y rendición de cuentas, no menos”, agregó.
Michelle Brané, directora del Programa de Derechos de Migrantes de la Comisión de Mujeres para Asuntos de Refugiados, se sumó a la condena al indicar que la detención es una experiencia “especialmente traumática para mujeres embarazadas y aun más para víctimas de violaciones y de violación por género”.
Un proyecto de ley para proteger la dignidad de inmigrantes detenidos, H.R. 3923, no tiene fecha para su voto definitivo en el Congreso.l