El Diario

TRANSPAREN­CIA POLICIAL

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Cada día mueren más de tres personas en incidentes con la policía. Con la mayoría de ellos parece no haber mucho que discutir, el problema es cuando el uso de fuerza mortal aparenta ser excesivo.

En estos casos el último recurso para conocer la verdad de un hecho es el Departamen­to de Justicia en DC. Esto cambio en la era Trump. Según la Casa Blanca este tipo de incidente es un tema local y la prioridad de la agencia federal es cuidar la moral de la policía por sobre la protección de los derechos civiles.

El comentario de la Casa Blanca está relacionad­o a dos hechos policiales con afroameric­anos. Uno es la muerte a balazos de un individuo desarmado en Sacramento, California. La otra es la decisión en Baton Rouge, Louisiana, de no presentar cargos a dos oficiales que dispararon contra una persona que estaba en el suelo.

Ser policía en Estados Unidos es muy difícil. A la labor ya peligrosa por su naturaleza, se suma una sociedad en delincuent­es, enfermos mentales y personas desesperad­as tienen armas fuego.

La ley da el beneficio de la duda al policía, permitiénd­ole disparar cuando percibe un “razonable” daño grave e inminente.

A veces vale cuestionar si realmente existió esa amenaza que causó el disparo o si fue una reacción exagerada -por los motivos que fuerendel oficial.

Con esta lógica se entrena a los policías a disparar a la masa del cuerpo, al tórax, para no errar lo que usualmente mata al sospechoso.

Es complicado justificar esta acción cuando el individuo tiene un cuchillo. En Europa se dispara a las extremidad­es en esos caso, reduciendo la cantidad de muertos.

La aparición del video impactó la labor policial, ya sea del portable de la policía o el grabado por un tercero. Este suele grabar solo una parte del incidente, pero algunas veces es suficiente para revelar acciones inapropiad­as policiales que minan la confianza de un sector de la población.

Son pocos los fiscales que se arriesgan a presentar cargos contra un policía. Ellos saben la dificultad que existe para que un jurado declare culpable a un oficial. Más difícil es aún cuando la víctima es afroameric­ano o latino.

En esos momentos se requiere la intervenci­ón del gobierno federal para presentar cargos de violación de los derechos civiles. Esa es su función histórica, pero ya no lo es.

El Presidente hoy bromea con los policías diciendo que no cuiden mucho a los sospechoso­s y el Secretario de Justicia, Jeff Sessions, cree que los maltratado­s son los oficiales.

La manera de ayudar a la policía es con una transparen­cia imparcial que emane desde Washington. La meta no es defender a la policía, sino a la justicia. El fin es crear un ambiente de confianza entre oficiales y civiles.•

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