Angie Junck
Abogada de Immigrant Legal Resource Center
El gobierno de Donald Trump está tocando “los límites legales” de su lucha contra las ciudades santuario, luego de una segunda orden judicial la pasada semana que prohíbe retirar fondos policiales para castigar a las jurisdicciones que no pongan a sus oficiales a trabajar para “La Migra”.
Pero el procurador Jeff Sessions no ceja en su intento de empujar a ciudades, condados y estados a colaborar con sus esfuerzos de deportación, y ahora tiene en la mira a ciudades como Seattle y Oakland y al estado de Vermont, a quienes amenazó el viernes con una “citación oficial” para demostrar que sí están cumpliendo con la ley, al restringir la información que comparten con el gobierno federal sobre personas arrestadas.
Expertos legales del lado pro-inmigrante consideran que se trata de una estrategia de “intimidación” ya que los tribunales han detenido sus intentos de usar el retiro de fondos federales para conminar a esas jurisdicciones a colaborar.
“Están al límite de su política porque la ley de Estados Unidos no les permite hacer lo que quieren hacer”, dijo Simon Rosenberg, de la organización New Democrat Network, un grupo demócrata centrista. “Mi conclusión personal es que se están desesperando”. «Se están enojando cada vez más, porque no pueden hacer el tipo de deportaciones masivas que quieren sin obtener la cooperación de cientos de miles de polícias».
El gobierno federal también ha emprendido una demanda contra California por tres leyes estatales que protegen a los inmigrantes de arrestos indiscriminados, y varios condados y ciudades de los condados de Orange y San Diego se han estado sumando a la demanda contra