Senado aprueba prohibir la detención de menores

La Cámara de diputados debatirá la propuesta aprobada por senadores

√@gardenimendoza Mientras lees esta nota, un niño centroamericano solo o con su familia, padre o madre, será detenido por cruzar indocumentado a este país, será enviado a un Centro de Detención bajo el mando del Instituto Nacional de Migración (INM): los varones a una parte y las mujeres a otra y, casi inmediatamente, deportado.

Los agentes de migración muchas veces ni preguntan las razones por las cuales esos niños están en tránsito y, si lo hacen, toman juicios precipitados sobre la veracidad de los hechos porque la Ley de Migración da prioridad a la falta de documentos que al interés superior del niño, según indican varios informes.

Esta distorsión —que contrasta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promovida por el presidente Enrique Peña en 2014— pretende ahora corregirse a través de la armonización legal para darle a los niños extranjeros el derecho a una vida libre de violencia con base a su interés superior.

La iniciativa fue aprobada ya en el Senado con 70 votos a favor y cero en contra y se encuentra en la Cámara de Diputados, cuya legislatura está a punto de cerrar la cortina a finales de abril y dar- le paso a una nueva que será elegida el próximo 1 de julio.

“Estamos trabajando a contratiempo antes de que los diputados actuales terminen sus funciones’’, advirtió Melissa Vertiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo de Política Migratoria que cuenta con 22 organizaciones civiles. Además, en las últimas horas la ONU pidió al legislativo acelerar el proceso.

Si la Cámara de Diputados da luz verde se prohibiría la detención de los menores en estaciones migratorias, ni a ellos ni a sus familias. Sería la Procuraduría de Protección a la Infancia (PPI) con un grupo de expertos en la infancia la que determinaría el proceder con el niño y sus padres y no el INM como ahora ocurre. Por ejemplo: si una niña de 14 años que sufre violencia en México o en su país pide un plan de restitución o una visa humanitaria, sería la PPI la que determinaría si ella se queda en México y garantizaría su protección, reparación del daño y acceso a la salud y la educación.

“Es una ley de vanguardia’’, observa Vertiz. “También garantiza el debido proceso y la participación activa del niño en su propio procedimiento: ahora no se le toma en cuenta’’, observa Vértiz. El reto quedaría, entonces, en el presupuesto, en la transparencia de éste y las buenas prácticas a las instancias responsables de que se cumpla esta ley: principalmente el Sistema Integral de la Familia DIF y la Procuraduría de Protección a la Infancia (que requerirían instalaciones para albergues) así como los sistemas de salud y educación.

“El gobierno mexicano debe entender que estos niños son su responsabilidad y no puede decir que no tiene recursos porque si vemos los niveles de

Vértiz.. corrupción dicen que sí hay dinero’’, señala