Ola de violencia deja al menos tres muertos
Protestas cívicas terminan en tragedia y piden investigar ataques
Nicaragua inició ayer su tercer día consecutivo de protestas cívicas por las reformas al Seguro Social con todas las escuelas cerradas, tras una larga noche de movilizaciones y enfrentamientos que dejaron al menos tres muertos.
Las diferentes manifestaciones de Managua y León, cada vez más numerosas y multitudinarias, provocaron un efecto contagio en diversas ciudades del país centroamericano como Masaya, Granada o Estelí y se saldaron con la muerte de tres personas y con al menos 33 heridos contados por la Cruz Roja, mientras el gobierno calla.
Nicaragua amaneció en tensa calma, con las clases suspendidas en todos los colegios públicos del país, restos de neumáticos quemados, piedras y escombros en las calles, y con policías antimotines en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), lugar en el que se produjeron dos de las tres muertes.
Al filo de la medianoche la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes, en contraste con los miles de mensajes, sobretodo de jóvenes nicaragüenses, en redes sociales que entremezclan alegatos contra la violencia, proclamas pro y anti Gobierno, y mensajes llamando a una nueva jornada de lucha.
En la noche de este jueves el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Baez, uno de los personajes más respetados en Nicaragua, reclamó al gobierno por la violencia.
“A ver si lo entiende el gobierno orteguista: ¡No más represión criminal! ¡No más heridos ni golpeados! ¡No queremos que muera ningún nicaragüense! ¡No ultrajen más el santo nombre de Dios!”, exclamó en su cuenta de Twitter.
Esta declaración se unió a otras como la del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en contra de la violencia desatada y a favor del diálogo y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) reclamando el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.
Además de la asociación mundial de escritores PEN, quien exigió “libertad de expresión y prensa” al Gobierno, o el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) instando “al diálogo nacional”.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) fue más allá y ya pidió directamente al Gobierno la suspensión de la reforma de la seguridad social por considerarla lesiva contra la economía y un detonante en la escalada de violencia.
Las nuevas medidas de seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sube de 6.25 a 7% a partir del 1 de julio próximo.
Desde esa misma fecha la cuota de la patronal escalará del 19 al 21 %, y subirá 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0.5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22.5