Cifra que crece
La Administración Trump insiste en que no tiene una “política” de separar a familias detenidas en la frontera sur, pero la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) destacará ante un tribunal federal esta semana el caso de un niño hondureño de 18 meses como uno de centenares de ejemplos de esa tragedia humana.
La ACLU presentará el caso del niño “E.G.M” durante una audiencia clave el próximo viernes sobre una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias de Inmigración.
En una declaración escrita, la madre del niño, identificada sólo por su primer nombre, Mirian, detalla el momento en que ambos fueron separados al cruzar la frontera en Brownsville (Texas) el pasado 20 de febrero.
“Mi hijo lloraba mientras lo ponía en su asiento (en el vehículo del gobierno). Ni siquiera tuve oportunidad de consolar a mi hijo, porque los oficiales cerraron de un portazo el vehículo… aún ahora lloro cuando recuerdo el momento en que los oficiales de la frontera me quitaron a mi hijo”, dice Miran, de 29 años.
Oriunda de la ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro, Mirian solicitó asilo e inútilmente trató de convencer a los agentes de que huía de la violencia en Honduras.
Los agentes no le hicieron caso y la enviaron al centro de detenciones “T Don Hutto” Una investigación del diario “The New York Times” indicó que más de 700 niños y jóvenes han sido separados de sus padres desde octubre pasado, incluyendo más de 100 niños menores de 4 años de edad. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Kevin McAleenan, dijo el pasado 12 de abril que la separación de familias en la frontera sur ocurre en raras ocasiones. Steven Wagner, quien supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de
en Taylor (Texas), donde lleva dos meses separada de su bebé de 18 meses, quien fue trasladado entre llantos a una instalación en San Antonio, a 120 millas de distancia.
El origen
La demanda colectiva ante el tribunal federal en San Diego (California) se originó con el caso de una madre congolesa, “Ms.L”, quien fue detenida el año pasado en San Diego (California) y separada de su niña de siete años durante cuatro meses. Salud y Recursos Humanos (HHS), admitió el jueves pasado que la agencia le perdió el rastro a cerca de 1,500 menores de edad no acompañados una vez que salieron de instalaciones del gobierno y fueron entregados a familiares u otros adultos responsables. Diversos grupos cívicos y organizaciones médicas, entre éstas la Academia de Pediatras de EEUU, han advertido de las repercusiones a largo plazo de la separación de familias, aún cuando los niños regresan al lado de sus padres.
La niña había sido trasladada a una instalación en Chicago (Illinois), a 2,000 millas de distancia y ambas finalmente fueron reunificadas gracias a protestas de grupos cívicos y la demanda presentada por ACLU.
Lee Gelernt, uno de los abogados de ACLU que argumentará el caso ante un tribunal federal en San Diego (California), dijo que en el caso de “Ms. L”, bastaba con realizar pruebas de ADN para establecer el parentesco con la niña.
“Hicieron la prueba del ADN sólo después de nuestra demanda, cuando pudieron haberla hecho antes. Las pruebas médicas en esta demanda demuestran que estos niños potencialmente sufrirán un trauma permanente por haber sido separados de sus padres”, advirtió el abogado.
Política dudosa
Si el gobierno quiere proteger a los niños de contrabandistas, como mínimo debe ofrecer a los padres la oportunidad de hacerse pruebas genéticas, subrayó Gelernt, quien lleva más de 25 años en el campo de derechos civiles, y aseguró que jamás había visto algo peor en el trato de inmigrantes.
“Estamos hablando de que el gobierno está arrancando de los brazos de sus padres a niñitos, incluso bebés, y nunca ha ofrecido una justificación para eso. No son padres que estén abusando o abandonando a sus hijos, y el gobierno ni siquiera está alegando eso; creemos que lo están haciendo para que otras familias no vengan a EEUU”, observó Gelernt.
“La Administración Trump está usando a estos niños como peones en su experimento de política pública”, denunció Gelernt, cuya organización ha denunciado la creciente ola de ataques anti-inmigrantes de la Administración, incluyendo su intención de enjuiciar a todo inmigrante que cruce ilegalmente la frontera.
El colmo de la situación sobre el terreno es que, desde 2012, ICE ha tenido que poner en libertad a más de 1,480 personas que en realidad tenían la ciudadanía estadounidense. Según reveló el sábado pasado el diario “Los Angeles Times”, en algunos casos, las personas han pasado meses o años en centros de detención pese a mostrar su pasaporte americano.
Ante los tribunales
La ACLU prevé llevar el caso ante el Tribunal Supremo, si es necesario, para que la Administración “elimine esta horrenda práctica”, prometió Gelernt.
El juez del caso, Dana Makoto Sabraw, podría emitir un dictamen el propio viernes, aunque es poco probable, tratándose de un caso semejante.
El portavoz del DHS, Tyler Houlton, dijo que la agencia no tiene una “política” de separar