“TPS no son sólo tres letras, es la vida de mi familia”
Familia hondureña implora que les permitan seguir viviendo y criando a sus hijos en Estados Unidos, ante inminente decisión del gobierno de Trump sobre el programa de protección
Juan y Sarah se enamoraron en 1998 tras llegar indocumentados a Estados Unidos luego del Huracán Mitch, que desoló a su país, Honduras.
Los dos aún eran menores de edad cuando se conocieron en San Diego, en una corte de inmigración. Ambos habían venido a este país buscando a sus respectivas madres, que se habían marchado antes.
De eso hace exactamente 20 años.
Los dos hondureños formaron una familia estable y tienen dos hijos: Johnny, de 14 años y Marie, de 8.
Para Juan, su familia y su vida en Estados Unidos fue el equivalente a un final feliz para una difícil niñez y adolescencia marcada por abusos y separaciones. Primero, fue el terrible abuso de su padre a su madre, que dejó imágenes indelebles en su mente.
Y luego, la emigración de ella, y no verla durante años.
Pero todos esos esfuerzos podrían esfumarse en un momento, porque los dos tienen TPS, el estatus temporal de protección que recibieron por primera vez en 1999 y que, ahora, el gobierno de Donald Trump está considerando suspender, como lo ha hecho con nicaragüenses y salvadoreños.
“Realmente estamos devastados de pensar que podríamos perder nuestro estatus legal”, dijo Juan, quien se identificó para La Opinión, pero pidió no usar su nombre verdadero. “Aquí tenemos raíces. Yo vine a los 16 años, aquí conocí a mi esposa y formamos una bella familia”.
Juan está ávido de que su historia se escuche. “Por fa- vor, dile a la gente que para nosotros el TPS no son sólo tres letras, es mi familia, son mis hijos, es mi vida…”.
Puertas cerradas
Si Estados Unidos los manda de regreso a Honduras, dice Juan, “no tenemos nada a lo que regresar”.
“Hace muchos años no hablo con la familias que me queda allí. Tengo dos hijos que no hablan español y uno de ellos es autista, necesita mucho apoyo nuestro y de su escuela. Allá no hay nada de eso”.
La familia de Juan y Sarah no es la única en esta situación. Son alrededor de 60,000 los hondureños protegidos por TPS desde 1999 y que ahora se ven en la posibilidad de perderlo todo.
Alrededor de ellos hay gente que los apoya, como Jen Little, compañera de trabajo de Juan, que se ha convertido en activista en pro de los “tepesianos” a raíz de la angustiosa situación que él está viviendo.
En breve, la Secretaría de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen debe anunciar su decisión respecto a Honduras. Las esperanzas de grupos pro inmigrantes no son muchas, especialmente porque, antes que Honduras, este gobierno ha cancelado TPS para Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador.
La actual protección para hondureños expira el 5 de julio de este año y, de cancelarse el TPS para este grupo, se espera que reciban otro período de un año o dieciocho meses, como ha ocurrido con los otros grupos nacionales.
Con raíces profundas
Tras un mínimo de 20 años en este país, los centroamericanos tienen profundas raíces en los Estados Unidos, incluyendo familias, hijos, carreras y propiedades, dijo Nicole Svajlenka, analista de inmigración del Centro para el Progreso Americano en Washington.
“Estas personas han criado a hijos estadounidenses en casas que muchos de ellos compraron, contribuyen a la economía y son integrantes cabales de su comunidad”, dijo Svajlenka. “Ellos también dan apoyo financiero a Honduras, un país que aún no se recupera y aún sufre de inestabilidad”.
Según el Concilio Americano de Inmigración, los hondureños con TPS tienen más de 53,000 hijos estadounidenses, producen más de $31,000 millones de dólares para la economía estadounidense, 9,500 tienen hipotecas y han vivido en este país por un promedio de 22 años.
En octubre pasado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos escribió una carta a la entonces secretaria interina de DHS Elaine Duke, pidiéndole que no cancelaran el programa TPS para salvadoreños, haitianos, hondureños y otros.
“La participación en la fuerza laboral de estos grupos es de más del 80%”, dijo Neil Bradley, vice presidente del grupo empresarial.
Fluye el ingreso de los migrantes en Tijuana
“Es cruel poner a un padre en esta situación”
La pareja ha contemplado todas las opciones. Regresarse con los hijos a Honduras, dejarlos con alguien en Estados Unidos, que terminen en manos de los servicios sociales…todas las opciones son impensables para ellos.
“Son estadounidenses, allá no tendrían las mismas oportunidades”, dijo Juan, a quien le aterroriza la idea de llevar a sus niños a un país que tiene la tasa de homicidio más alta del hemisferio y un severo problema de pandillas.
Pero ¿irse y dejarlos? Es algo que no pueden siquiera imaginar. “Es algo muy cruel poner a un padre o a una madre en esta situación”, dice.
En ese dilema se les va la vida a Juan y Sarah. “Llevarme a mis hijos a esas condiciones de vida sería ridículo y, al mismo tiempo, no me perdonaría por dejarlos aquí”. Hasta ayer al cierre de esta edición, habían entrado 178 personas a pedir asilo en EEUU, como parte de la Caravana de Migrantes que se encuentra en Tijuana, Baja California, México.
Quedan unos 130, de los que cerca de 50 quieren pasar a solicitar asilo y el resto desea permanecer en México, informó Alex Mensin, coordinador de Pueblo Sin Fronterass, el grupo que organiza la caravana anual.
No se confirmó que la Patrulla Fronteriza haya dejado en libertad condicional para que se presenten en corte de migración a quienes ingresado a la garita.
Cuando la señora Sonia Guadalupe escuchó que alguien repetía su nombre en el campamento de centroamericanos en la frontera sintió, según dijo, una gran alegría. Salió de la tienda de campaña que le habían asignado con otras familias y, efectivamente, era una agradable sorpresa.
“Ustedes siguen”, le dijo un joven, para informarle que iría junto con su hija Guadalupe, de 11 años, al interior de la garita peatonal PedWest a esperar para que les entrevistara un agente de Aduanas y Protección Fronteriza.
Así, pese a los obstáculos, los migrantes tienen la esperanza viva.