Oídos sordos
La decisión del DHS no tomó por sorpresa a nadie, ya que, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el año pasado, su gobierno comenzó a desmantelar el TPS, que ha dado cobijo de la deportación y permisos de trabajo a poco más de 320,000 inmigrantes.
Ya lo hizo anteriormente para los “tepesianos” de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Liberia y Nepal.
Así, la Administración hizo caso omiso a la intensa campaña de presión que desde el año pasado llevaron a cabo líderes demócratas y algunos republicanos del Congreso, entre éstos Mario Díaz Balart, activistas comunitarios, expertos académicos, economistas, y centenares de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas.
Esa campaña incluyó protestas frente a la Casa Blanca, marchas, foros comunitarios, plantones y actos de desobediencia civil en el Congreso. Nada funcionó, y ahora la pelota queda en el techo del Congreso.
La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Luján Grisham, creará una “crisis innecesaria” y supone “otro ataque contra la inmigración legal que separará a madres y padres de sus hijos nacidos en EEUU,, robará $10,900 millones de la economía estadounidense en diez años y minará nuestro interés en una Centroamérica estable y segura”.
Luján Grisham se quejó de que la Administración se cerró a toda solicitud para extender el TPS, y urgió al Congreso a que apruebe el “Acta de Promesa Estadounidense” para legalizar a los “tepesianos”.
“Seguimos esperando que el Congreso encuentre una salida, algo para legalizar a los tepesianos, porque ellos han contribuido a este país, y sin el TPS van a ir derechito a su deportación”, dijo a este diario Francisco Portillo, representante de la organización hondureña “Francisco Morazán”, de Miami (Florida).
Portillo viajó recientemente a Washington a presionar por una prórroga de 18 meses para el TPS, y para que el Congreso negocie una solución legislativa permanente.
El gobierno de Trump aparentemente restó importancia a que Honduras no está en condiciones ni para un goteo de inmigrantes deportados, ante la pobreza, una tasa de desempleo del 56%, escasez de vivienda adecuada, pésima infraestructura, inseguridad alimentaria y una grave situación de violencia.
En 2017, la tasa de homicidio en Honduras bajó en más del 25% a 42,8 por cada 100,000 habitantes, que el gobierno de Tegucigalpa