Aura Hernández
«Lo más grave es que el tiempo va pasando y veo que a las autoridades migratorias (ICE) esto no les importa. Hacen oídos sordos a nuestro sufrimiento, no tanto el de nosotros como adultos, sino lo que padecen los niños, quienes son los más afectados». de la Reconciliación, Chapel Hill, también en Carolina del Norte.
Ortez-Cruz tiene cuatro hijos, uno de 19 años que está en la universidad y tres niños más pequeños que ahora están con la familia de su padre en Greensboro. El más pequeño tiene 7 años.
“Cuando veo a alguien venir a traer a sus hijos aquí, me digo yo misma, qué bonito es poder traer a sus hijos aquí”, dijo la mujer que tiene muchas cicatrices de arma blanca en la espalda, el brazo y el estómago. Teme por su vida si regresa a Honduras. Su solicitud de asilo fue denegada y mientras tanto está en espera a su apelación en la iglesia de Chapel Hill, con la ayuda de varios voluntarios.
Lori Fernald Khamala encabeza el Programa de Derechos de Inmigrantes de Carolina del Norte en el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses y además coordina la iniciativa nacional “Sanctuary Everywhere”.
Khamala ratificó ayer que le preocupa que ICE esté reteniendo a demasiadas comunidades como rehenes y destrozando familias.
Reunificación familiar
Entre tanto, la ugandesa Deborah Jane, de 42 años, pidió asilo en Estados Unidos después de sufrir un ataque con ácido en su país natal en 2014. “Después de lo que pasó, supe que era hora de salir de Uganda”, dijo afligida Jane que, desde entonces, no ha podido ver a sus cuatro hijos.
“Tenían que venir en 2017 pero como el Gobierno de Trump decidió cancelar las reunificaciones familiares de refugiados, aún no he podido volver a estar con ellos”, relató Jane, quien tiene el 50 % del cuerpo quemado, en una conversación telefónica con periodistas.
A finales de diciembre, un juez federal de Seattle, ordenó que se reanudaran las llegadas de familiares, pero cinco meses después Jane no ha recibido ninguna actualización de su caso.
Otra mujer que es condición similar es la mexicana Karina Ruiz, que vive con miedo de ser deportada y está cansada de tener que luchar cada día por seguir cerca de sus hijos, que viven con ella y su marido en la frontera que separa el estado de Arizona y México.
“El miedo a ser separada de mis hijos es real. Por eso tengo que venir cada dos por tres a Washington a presionar al Congreso para que nos dé una solución permanente”, apunta Ruiz, que es beneficiaria del programa migratorio de Acción Diferida (DACA) y directora de la Coalición Dream Act de Arizona.
DACA es un programa que protege de la deportación a unos 690,000 jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, que llegaron a Estados Unidos. siendo niños, permitiéndoles residir y trabajar legalmente.
Trump ordenó que DACA expirara en marzo, pero dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron posteriormente al Gobierno a mantener vivo el programa.
El caso de Aura Hernández, Amanda Morales, Juana Luz Tobar Ortega, Rosa del Carmen Ortez-Cruz, Deborah Jane y Karina Ruiz, son sólo seis de los cientos de miles de madres, según datos de varias organizaciones, que siguen esperando volver a ver a sus hijos o, simplemente, esperan no ser separadas de ellos.l