ASISTENCIA SOCIAL EN PELIGRO
Los demócratas y republicanos del Congreso se suelen unir cada cinco año para renovar la federal agrícola. Ya no es el caso. Ahora la mayoría republicana quiere aprovechar esta oportunidad para reducir la red de asistencia social.
Esto se basa en la creencia que para ayudar a la superación de un individuo de bajos recursos debido a la inestabilidad laboral, hay que quitarle el acceso a una alimentación nutritiva. Y si es un hogar de gente trabajadora de escasos recursos hay que eliminar cuanto antes esa ayuda que le permite asomarse por arriba del nivel de pobreza.
El blanco es el Programa Suplementario de Nutrición (SNAP) que ayuda a las personas pobres a obtener alimentos sanos y nutritivos.
El SNAP combate la “inseguridad alimentaria” o sea la falta de un acceso consistente a comida nutritiva en algún momento del año. La comunidad latina es la más vulnerable. Uno de cada cinco latinos estuvo en esta situación en 2016 en 2018 en comparación a uno de cada ocho estadounidenses.
Si bien es cierto que la gran mayoría de los fondos de esta ley agrícola están destinados a programas nutritivos, no se puede argumentar que el costo de estos programas aumentó excesivamente como para tener que tomar estas medidas.
En realidad, la mejora de la economía a partir del 2014, última fecha que fue extendida la ley, permite reducir el porcentaje de la parte social del 79% al 76.5%. La ley destina 867,00 millones de dólares durante 10 años. Los fondos para nutrición son 93,000 millones menos que antes.
La nueva ley impone una cláusula de trabajo para los beneficiarios mucho más estricta que la actual.
También crea un corte automático del beneficio eliminando una gradualidad que habían establecidos 42 Estados. De hecho esto es un castigo para los trabajadores pobres y un desaliento para obtener más pago.
La ley supuestamente ayuda a las personas que pierden el beneficio por falta de trabajo otorgando fondos para que capacitación. El problema es que la cantidad de dinero es ridículamente baja.
La cifra de 7,650 millones de dólares parece mucho, pero distribuido a lo largo de 10 años para cerca de tres millones sin trabajo equivale a 30 dólares mensuales por participante. La cifra adecuada para un plan de capacitación como el que se propone requiere 150,000 millones para 10 años.
Finalmente, la nueva estructura que establece la ley para reportar la gente que trabaja es una costosa pesadilla para los Estados.
Es muy probable que la Cámara de Representante apruebe esta semana este castigo a la pobreza en forma de ley. A los demócratas del Senado les corresponde corregir esta monstruosidad.•