Masacre de El Charco: México tiene mucho que aprender de la justicia indígena
Exigen sanciones 20 años después de la muerte de indígenas nasavis en Guerrero
Veinte años después de la masacre de 10 indígenas nasavis en la comunidad de El Charco, en la región de la Montaña del estado de Guerrero, por la que no hubo ningún sentenciado, Efrén Cortes, uno de los sobrevivientes a los disparos de militares, tiene mucho que decir sobre la impunidad en México.
“Los fiscales no los debe nombrar ni el presidente, ni el gobernador, ni el congreso’’, apunta a unos días del 7 de junio, cuando se cumplen dos décadas desde los hechos en el que él estuvo involucrado. “Mexico tiene mucho que aprender de la organización indígena en sus sistemas de justicia y se evitarían muchas masacres como las que hemos tenido y las vamos a ver si no se hace algo contra la impunidad’’.
Cortés se encontraba en 1998 en su natal El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuando entraron los soldados en busca de “subversivos’’ en un operativo oficial denominado Maya en contra del uso de armas de uso exclusivo del Ejercito y del narcotráfico por siembra de marihuana y amapola.
En el camino mataron a la decena de nasavis y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, hirieron a cinco más, entre ellos dos menores de edad y se llevaron a Cortés y la activista Ericka Zamora, donde según sus declaraciones fueron torturados con corriente eléctrica en pies, genitales y cabeza.
Pero de esto nada se supo porque un tribunal militar carpetazo al proceso bajo el alegato de que los soldados actuaron en enfrentamiento.
El caso pasó después a juzgados civiles y ahí, al momento de levantar el acta en el ministerio publico, simplemente no se escribió nada al respecto para eliminar cualquier evidencia porque el gobernador en turno presuntamente ordenó al fiscal no hacerlo, según explica Maria Magdalena Lopez, abogada de la Red Solidaria Década Centro la Impunidad.
Estas circunstancias no podría pasar en las comunidades indígenas donde los tribunales de justicia se nombran en asambleas, asegura Cortés.
“Si se quiere enderezar las fiscalías del país deberían ser más ciudadanizadas: que la terna de procuradores no la nombrara el congreso al que mandan los partidos sino que saliera de propuestas de organizaciones civiles y luego esa terna llevada al voto popular… un fiscal nombrado así no protegería a los malos gobernantes ni permitiría impunidad como en Los Charcos’’.
La región indígena de Ayutla está relacionada a una guerrilla que data de los años 70 —que encabezó el profesor Lucio Cabañas, simpatizante del movimiento comunista muerto a manos de las Fuerzas Armadas—cuyos ideales de oposición al sistema siguen vigentes: hoy por hoy las organizaciones no quieren dar las concesiones sus tierras ricas en oro a mineros canadienses.