FAVORECEN A LA BANCA
La prioridad bipartidista en el Congreso no es la inmigración ni las armas de fuego en las escuelas. Es la ayuda a la industria bancaria, aflojando controles establecidos hace unos años para evitar la crisis financiera que condujo a la Gran Recesión.
Los argumentos de los banqueros, cabilderos y legisladores en favor de cambiar la Ley Dodd Frank muestran a una industria en dificultades. A un sector bancario comunitario y regional atrapado por regulaciones que no los dejan operar de una manera que pueda ayudar a sus clientes de la pequeña y mediana empresa.
No hay nada más alejado de la realidad que esa descripción.
El mismo día que la Cámara de Representantes dio su aprobación final a la nueva ley, se informó oficialmente que el ingreso neto del sector superó todos los récords al alcanzar 56,000 millones de dólares en el primer trimestre de 2018. Una parte es gracias a la reducción de impuestos de la reforma impositiva del año pasado. Sin eso de todas maneras hubiera sido un récord al llegar a los 49,000 millones de dólares.
De esa cantidad, 6,100 millones pertenecen a los bancos comunitarios, o sea 17.7% en relación al año pasado. S&P Global Market Intelligence estimó que con esta ley los bancos regionales podrían pagar a sus accionistas hasta 53,000 millones de dólares.
Esto se debe, por ejemplo, a que la nueva ley permite que 26 bancos que estaban en la lista de regulación estricta ya no lo estén. Se redujo a 12 bancos al exigir que la mayor vigilancia sea ahora en los bancos con 250,000 millones en bienes, en vez de 50,000 millones como era en la ley original.
Este solo uno de los cambios. La nueva legislación autoriza otra vez a los bancos más pequeños hacer inversiones riesgosas, cuyos fracasos son pagados por los contribuyentes y elimina el sistema interno que identifica a un banco si discrimina con las minorías - tal como lo hizo Wells Fargo-, entre otros.
La nueva ley mantiene el grueso regulatorio, sin embargo a lo largo del gobierno ocurre lo contrario.
La Oficina de Protección al Consumidor Financiero está dirigida interinamente por el jefe de Presupuesto, Mick Mulvaney, cuya misión es destruirla. La Junta de Gobernadores tiene cuatro vacantes, de siete integrantes. No hay un subsecretario de Finanza Doméstica en el Departamento del Tesoro.
La medida fue aprobada con la ayuda de senadores demócratas que reciben donaciones de la industria bancaria y tienen una reelección en una estados que ganó Trump en 2016. El populismo trumpista favorece a los banqueros tan solo porque Obama los quiso vigilar.
El pasado y el presente de la industria bancaria indican que se necesita una regulación estricta. Los ahorristas pequeños y los contribuyentes fueron los perdedores de la última crisis. La nueva ley es un apuesta demasiado arriesgada al futuro.