Gobierno busca cerrar 265 escuelas
Decisión Judicial detiene la clausura de centros
El plan del Gobierno de Puerto Rico de cerrar 265 escuelas públicas por motivos presupuestarios choca con una decisión judicial que ha detenido la clausura de cerca de una decena de centros, causa de incertidumbre sobre un proyecto que busca ahorros millonarios.
Un juez se pronunció sobre dos demandas contra el Departamento de Educación por el cierre de escuelas y detuvo momentáneamente la clausura de nueve centros, un contratiempo para el plan del Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló que justifica la iniciativa por los cambios demográficos de los últimos años.
El gobierno esgrime que debido a la emigración ininterrumpida que sufre la isla desde hace una década provocada por la profunda crisis económica no se pueden prestar todos los servicios que requieren los estudiantes en escuelas con escaso número de alumnos, dada la imposibilidad de asumir los costos.
La entidad de control federal impuesta al Ejecutivo de la isla por el Congreso en Washington para dar salida al problema de una deuda de 70,000 millones de dólares impagable exige fuertes ajustes presupuestarios en todas las partidas, de los que no se escapa el Departamento de Educación.
Cuando en agosto de 2015 el Gobierno incurrió en el primer impago de su deuda pública dio comienzo a un proceso que desembocaría, en junio de 2016, en la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
Esa ley con la que se pretende dar solución al colapso que se avecinaba por el impago estableció una entidad de control al Gobierno que exige un escrupuloso equilibrio entre ingresos y gastos, imponiendo el cierre de centros para cumplir con sus limitaciones de presupuesto.
El juez Santiago Cordero ordenó esta semana la paralización del cierre de tres escuelas en Morovis.
Días atrás, el letrado había ordenado la paralizaran del cierre de otras seis escuelas como parte de otra demanda de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
El portavoz del gobernante Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Urayoán Hernández, señaló que para determinar cuál el criterio del Departamento de Educación para cerrar las escuelas la asamblea legislativa investigará si la agencia pública cumplió con todos los procedimientos que prevé la Ley 85.
La Asociación de Maestros, la Federación de Maestros y otros sindicatos de docentes han denunciado la indiferencia de la secretaria del Departamento de Educación, Julia
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