UNA POLÍTICA CRUEL E INMORAL
La Organización Mundial del Salud dice que el maltrato infantil son los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, sicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o dignidad o bien que ponga en riesgo su supervivencia.
La definición describe el impacto que tiene en los menores de edad la separación de familias en las frontera. La política migratoria de Donald Trump es inmoral y cruel.
El daño a los hijos y el sufrimiento de los padres es una pieza extorsiva para obligar a los demócratas a aceptar las exigencias de la Casa Blanca. Se dijo, y desdijo, también que era para desalentar la llegada de familias. Un fracaso absoluto por no entender los peligros que los hace arriesgarse en la travesía.
Las cifras oficiales estiman que en cerca de dos meses se separaron 2,000 menores de sus padres. Una fuente del Departamento de Salud y Recursos Humanos(HHS) dijo al Washington Examiner que desde hace semanas reciben 250 menores al día, que si continuaba a este ritmo a fin de agosto pueden llegar a 18,500. Se calcula que hoy ya hay 11,500 menores en manos de HHS, esto significa que la cifra puede llegar hasta 30,000 a fin de agosto, según el reporte.
Los números no llegan a representar el grado de sufrimiento e impacto que tiene esta separación en los chicos.
La presidenta de la Asociación Americana de Pediatría, Collen Kraft, dice que esto constituye “una abuso infantil sancionado por el gobierno”. Más de 250,000 médicos afiliados al Colegio Americano de Médicos y la Asociación Americana de Siquiatría condenaron junto a los pediatras esta política.
Los médicos hablan del impacto físico y mental que tiene en los menores la separación repentina y forzada de sus padres. La traumática incertidumbre de estar concentrados en celdas alambradas, durmiendo en el suelo en colchonetas. Esto causa daños permanentes en un momento clave en el desarrollo de la persona.
A eso hay que sumarle las dificultades adicionales que el gobierno pone para resolver con rapidez la situación de los menores.
No existe un sistema que solucione el laberinto burocrático para que un menor pueda reunirse fácilmente con sus padres.
Ahora es más difícil para HHS entregar a los menores a un guardián o familiar porque hay que notificar a las autoridades migratorias la situación de la persona. Eso no sucedía antes. El adulto que quiere ayudar al menor corre el peligro de deportación.
La administración miente al comparar la situación de estos menores con lo que de un hijo cuando su padre a va a prisión. Es muy distinto. Uno tiene un sistema de contención establecido, el indocumentado no tiene nada.
Es indignante e intolerable que el abuso infantil sea hoy una política migratoria.
¡Esto debe acabar ya!