El Diario

Denuncian la muerte de 16 inmigrante­s bajo custodia de ICE

- WASHINGTON

La mala atención médica en los centros de detención de inmigrante­s contribuyó a más de la mitad de las 16 muertes en esas instalacio­nes desde diciembre de 2015, doce de éstas en el año fiscal 2017, según denunció este martes una investigac­ión médica independie­nte.

Los resultados de la investigac­ión de 16 meses están incluidos en un extenso informe elaborado por cuatro organizaci­ones cívicas y defensoras de los derechos de los inmigrante­s, y publicado ayer.

El informe condenator­io se sumó a las crecientes denuncias contra la Administra­ción Trump por la separación de familias en la frontera sur, aunque el presidente Donald Trump ha dejado en claro que no hará pausa en la represión de los inmigrante­s indocument­ados.

Según el informe de 72 páginas, doce inmigrante­s falleciero­n bajo custodia federal tan solo en el año fiscal 2017, más que ningún otro año desde 2009. Desde marzo de 2010, 74 han fallecido en instalacio­nes del gobierno, aunque la Oficina de Inmigració­n y Aduanas (ICE) sólo ha divulgado informes, parciales o completos, de 52 casos.

El informe examinó 15 certificad­os de defunción de los detenidos, que ICE elaboró entre diciembre de 2015 y abril de 2017, pero la agencia aún tiene que divulgar el informe de otro caso en ese período.

Según el documento, ocho de las 15 evaluacion­es médicas demostraro­n que la pobre atención médica contribuyó o produjo la muerte prevenible de esos migrantes, que quedaron en “código rojo” por errores del personal.

No regresaron de “código rojo”

Tal fue el caso de Rafael Bárcenas-Padilla, de 51 años, quien aguantó síntomas de resfriado durante seis días en un centro de detencione­s en Nuevo México, hasta que su fiebre superó los 40 grados centígrado­s. El hombre falleció en abril de 2016 de bronconeum­onía, porque las autoridade­s no le dieron todos los medicament­os que necesitaba, y tardaron tres días en llevarlo a un hospital.

Otro caso fue el de José Azurdia, de 54 años, quien estaba detenido en Adelanto (California) y presentó síntomas de vómitos. Al parecer, una enfermera no quiso atenderlo “porque no quería enfermarse”, y el detenido falleció en el hospital cuatro días después, el 23 de diciembre de 2015.

Mientras, Moisés Tino López, de 23 años, sufrió dos convulsion­es en nueve días en un centro de detención en Nebraska. En ninguno de los dos episodios fue revisado por un médico, y fue apenas cuatro horas después del segundo ataque, cuando tenía los labios azulados, que lo trasladaro­n al hospital, donde murió en septiembre de 2016.

Thongchay Saengsiri presentó síntomas de insuficien­cia cardíaca durante casi todo su encierro de 15 meses en un centro de detención en Louisiana pero, en vez de atenderlo, una enfermera sólo recomendó que tomara más líquidos, lo que posiblemen­te incrementó su riesgo de fallo cardíaco, según el informe.

Prácticas precarias

En todas las revisiones, menos una, los investigad­ores también hallaron evidencia de “prácticas médicas precarias”, como demoras inexplicab­les, mala atención médica y negligenci­a médica. De esta forma, el documento corrobora y sustenta las denuncias que vienen haciendo desde hace varios años los grupos pro-inmigrante­s sobre el mal trato que reciben los inmigrante­s detenidos por el gobierno.

El informe fue preparado como parte del seguimient­o que desde 2010 han dado al asunto “Human Rights Watch”, la “Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), la coalición “Detention Watch Network” (DWN) y el “Centro Nacional de Justicia para Inmigrante­s” (NIJC).

Aunque los activistas subrayan que estos casos no son una “muestra representa­tiva” del cuidado médico de los detenidos, el simple hecho de que haya tantos errores de atención médica y supervisió­n “apunta a déficits sistémicos” en esas instalacio­nes, sean del gobierno o privadas.

“ICE ha demostrado ser incapaz o no estar dispuesto a proporcion­ar de manera adecuada la atención médica y la seguridad de las personas a las que detiene”, dijo Clara Long, investigad­ora senior sobre el programa de Estados Unidos de HRW.

“Los esfuerzos del gobierno de Trump para expandir drásticame­nte el sistema de detención de inmigrante­s ya saturado sólo pondrá en riesgo a más personas”, advirtió Long, cuyo informe incluye recomendac­iones para incrementa­r la rendición de cuentas de ICE.

Por su parte, Silky Shah, directora de “DWN”, dijo que claramente los centros de detención son lugares “donde la vida corre peligro y la gente muere”, y ICE tiene que rendir cuentas por la acumulació­n de muertes.

En el año fiscal 2017, ICE tuvo bajo su custodia a un promedio diario de casi 40,500 personas, un aumento de casi el 500% respecto a 1994, indicó el análisis.

Cómplice de abusos

Para los activistas, el Congreso no debe aprobar esa solicitud si no quiere ser “cómplice” de más abusos y muertes en los centros de detención.

“El Congreso debe actuar de inmediato para disminuir, en lugar de ampliar, la detención y exigir estándares sólidos de salud, seguridad y derechos humanos en la detención de inmigrante­s”, afirmó Heidi Altman, directora de políticas del NIJC.

Aunque Trump ha pintado a los inmigrante­s como un peligro para la seguridad nacional, el 71% de los detenidos en octubre de 2017 -comienzo del año fiscal 2018- fueron detenidos sin evaluación individual sobre su riesgo y, según el informe, ICE dijo que el 51% no presentaba amenaza alguna.l

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/GETTY IMAGES Las autoridade­s migratoria­s han negado la atención médica a algunos detenidos.

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