Respiro a centenares de solicitantes de asilo
El dictamen de un juez federal contra la detención arbitraria de solicitantes de asilo da respiro a centenares de inmigrantes que aguardan una decisión en sus casos y abre otro frente en la batalla legal contra la política migratoria de la Administración Trump.
La orden de dos páginas emitida esta semana en el caso “Ansly Damus v. Kirstjen Nielsen” por el juez federal James Boasberg no sólo bloqueó la detención de personas que solicitan asilo sino que exige que la Administración Trump revise, caso por caso, la posible puesta en libertad de los inmigrantes incluidos en la demanda.
Para escudarse de críticas de la Administración, el juez señaló que su dictamen solo pide que ICE cumpla con sus propios procedimientos básicos para personas que huyen de la violencia y persecución y piden asilo en EEUU.
“Esto no es un gran salto judicial, sino que la orden judicial en este caso pretende exigir cuentas” por las políticas gubernamentales en vigor y resguardar las protecciones para los solicitantes de asilo, explicó el juez.
La demanda presentada en Washington está dirigida contra cinco oficinas locales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Detroit (Michigan), El Paso (Texas), Los Ángeles (California), Newark (Nueva Jersey) y Filadelfia (Pensilvania): desde que Donald Trump asumió el poder en 2017 prácticamente negó la puesta en libertad a más de mil solicitantes de asilo por razones humanitarias.
Durante la Administración Obama (2009-2017), ICE solía permitir la puesta en libertad por razones humanitarias para los solicitantes de asilo en más del 90 % de los casos, si estos no presentaban un riesgo de fuga o un peligro para la seguridad pública o nacional.
Pero Trump llegó al poder con promesas de “mano dura” contra los inmigrantes y aprovecha cada oportunidad para consolidar el apoyo de su base, que apoya esa postura.
ICE dijo en una declaración escrita que la agencia está revisando el dictamen de Boasberg y prevé cumplir con la orden judicial a menos que sea anulada en el transcurso del litigio.
Los inmigrantes representados en la demanda colectiva habían demostrado el “miedo creíble” en su proceso de asilo, y tienen altas probabilidades de recibir el asilo.
Efectos prácticos
A efectos prácticos, el dictamen preliminar de Boasberg prohíbe que la Administración continúe la detención indefinida como medida para castigar a solicitantes de asilo, o disuadir su ingreso al país.
En concreto, el dictamen de Boasberg exige que las autoridades migratorias evalúen caso por caso el riesgo de fuga o para la seguridad nacional de los que han sido detenidos tras solicitar asilo, para así determinar si pueden quedar en libertad mientras prosigue su caso en los tribunales de Inmigración.
Laura D. Gault, abogada de “Human Rights First”, uno de los grupos demandantes, explicó que el dictamen es “muy significativo porque le exige cuentas a ICE” sobre si está cumpliendo con sus propios procedimientos.
“En esos cinco distritos cubiertos por las oficinas locales de ICE, el dictamen exige a la agencia que cumpla con sus directrices de 2009, que le obliga a hacer una revisión individual de cada solicitante de asilo para determinar si son elegibles para la libertad condicional”, explicó Gault.
Según Gault, los testimonios de abogados e inmigrantes sobre el terreno indican que ICE ha colocado en la categoría de “riesgo de fuga” prácticamente a todos los solicitantes de asilo y les ha emitido cartas negándoles la libertad condicional.
Por otra parte, Gault advirtió que el dictamen “no significa que todos los solicitantes de asilo ahora detenidos saldrán en libertad mañana mismo” sino que ICE tendrá que determinar cada caso individual tras una reevaluación.
El caso ante Boasberg se deriva de una demanda presentada originalmente en nombre de un profesor haitiano, Ansly Damus, quien permanece detenido en Ohio desde hace más de 18 meses, sin salir al aire libre un solo día, pese a no tener antecedentes penales.
La demanda, que posteriormente incluyó a otros solicitantes de asilo, fue entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), el Centro para Estudios de Género y Refugiados, “Human Rights First” y el bufete legal “Covington & Burling LLP”.
Para la ACLU, el dictamen de Boasberg es “un rechazo a la política generalizada de encerrar a quienes buscan protección en este país”.
Bajo las leyes actuales, los solicitantes de asilo pueden obtener la puesta en libertad por razones humanitarias mientras esperan la resolución de sus casos, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.
Sin embargo, en el marco de su política de “tolerancia cero” en la frontera sur, anunciada en abril pasado, la Administración Trump ha iniciado trámites judiciales incluso contra personas que solicitan asilo, en clara violación de las leyes migratorias de EEUU, el derecho al debido proceso consagrado en la Constitución, y un convenio internacional sobre el trato de refugiados.l