Profanan iglesia
La comunidad internacional ha intentado esta semana contener la sangría en Nicaragua con condenas a la violencia y peticiones para un adelanto electoral, pero le ha faltado contundencia con una respuesta tardía que rebosa contenido simbólico pero carece “de dientes”.
Según expertos, la brutal toma de ciudades controladas por la oposición, como Masaya, o los ataques a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) han provocado la condena conjunta de 13 naciones de Latinoamérica y de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No pasará de la noche a la mañana, pero la presión internacional y las condenas impactarán en el Gobierno. Si las manifestaciones y la presión interna continúan a niveles altos y la oposición internacional crece, entonces el Ejecutivo se verá forzado a entablar negociaciones serias”, dijo el experto Geoff Thale.
Este analista de la organización Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) consideró que la ONU y la Unión Europea (UE) habían jugado un papel menos relevante que la OEA, pero esta semana asumieron su responsabilidad.
El 17 de julio, mientras policías y paramilitares tomaban Masaya, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, llamó al Gobierno nicaragüense a poner “fin inmediato a la violencia”, que en tres meses ha dejado 277 muertos y más de 2,000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los ministros de Exteriores de los 28 países de la UE y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebraron esta semana en Bruselas una reunión, que acabó con una declaración en la que se pedían “elecciones libres y justas”, sin mencionar a Nicaragua ni a Venezuela.
Falta de consenso
Ante la falta de consenso sobre Nicaragua, 13 miembros de la Celac (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) solicitaron en un comunicado al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que participe “constructivamente en negociaciones pacíficas”.
Para el director del centro de análisis Diálogo Interamericano, Michael Shifter, uno de los “avances más importantes” ha venido de la OEA, que ha aprobado una resolución para exigir a Ortega un adelanto de las elecciones fijadas para 2021, pero que carece de “dientes” porque no responsabiliza al Ejecutivo de la violencia.
No obstante, en opinión de Jennifer McCoy, experta en Latinoamérica de la Universidad estatal de Georgia, “la respuesta internacional a la erosión gradual de la democracia en Nicaragua durante la última década ha sido esporádica y mínima”.
El malestar en Nicaragua se ha ido gestando durante años con denuncias de fraude de la oposición durante los comicios municipales de 2008 y los dos últimos presidenciales, en 2011 y 2016, en los que Ortega se presentó a la reelección, pese a que en un principio lo impedía la Constitución.
McCoy recuerda que después de las elecciones de 2008 EEUU y la UE redujeron la ayuda a Nicaragua, pero tras la reelección de Ortega en 2011 y su acercamiento al sector privado, la comunidad internacional “miró hacia otro lado” y dejó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldara al Ejecutivo. La iglesia Católica denunció ayer un nuevo acto de profanación a uno de sus templos en Nicaragua, dos días después de que el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de alentar “sectas satánicas”, en medio de una crisis que ha dejado entre 277 y 351 muertes en protestas contra el Gobierno.
“La noche del viernes 20 de julio sujetos desconocidos profanaron la capilla de Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a la parroquia Sangre de Cristo”, informó en un comunicado la Diócesis de Jinotega, al norte de Nicaragua.
Los desconocidos ingresaron al templo y “profanaron el Santísimo Sacramento del Altar que estaba resguardado en la capilla”, refirió la Diócesis jinotegana, que además divulgó fotografías en las que se observa una ventana forzada y objetos sagrados tirados en el suelo.