Provoca inquietud la nueva política de venta de armas
Expertos cuestionan la falta de transparencia en torno a la normativa de la Administración Trump
El Gobierno anunció la entrada en vigor de la nueva política de Venta de Armas Convencionales (CAT), un documento del que apenas se sabe con certeza y cuyo principal objetivo es potenciar la industria en un sector que EEUU lidera hace años.
El nuevo documento del Departamento de Estado, que enmienda el presentado por la anterior Administración en 2014, establece tres objetivos: dar prioridad a la competencia estratégica, crear un clima propicio para cerrar las operaciones de venta de armas y reorganizar el modelo de negocio para aumentar su éxito.
Sin embargo, diversos especialistas consideran que estas metas son vagas y acusan a la Casa Blanca de falta de transparencia.
“Sabemos que ha habido cambios, pero no sabemos exactamente qué cambios”, lamentó en una entrevista Andrew Hunter, director del Grupo de Iniciativas de la Industria de Defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Hunter se mostró especialmente crítico con la falta de transparencia del actual Gobierno en contraste con la Administración de Barack Obama, que siempre fue “muy clara” a la hora de “explicar, racionalizar y justificar” su política armamentística.
La nueva normativa, según la síntesis divulgada por la Casa Blanca, pone el énfasis en el “aumento de las oportunidades de negocio” y en la importancia de “reforzar la industria de defensa del país”, dos de los puntos más importantes de la política de Trump recogidas en su eslogan: “Hacer a EEUU grande de nuevo”.
Para ello, la nueva CAT simplifica la burocracia que implica cualquier transacción armamentística, de manera que ya no tendrá que ser el Gobierno, a través del Departamento de Estado, el que inicie toda operación comercial con potenciales clientes extranjeros.
Esto no implica, no obstante, que cualquier venta de armamento no deba someterse en última instancia al Congreso, tal y como sucede en estos momentos.
“Un cambio significativo es que la Administración Obama estableció que, si se daban unos ciertos criterios, las Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP o drones) debían ser exportadas a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS). La nueva política sería mucho menos restrictiva, para así poder vender los ARP como un bien comercial”, aclara Hunter.
Según datos de la Agencia
de Cooperación en Seguridad del Departamento de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), en el último ejercicio fiscal, que concluyó en septiembre de 2017, el país norteamericano vendió material militar por valor de 41.930 millones de dólares, lo que lo sitúa al frente de este mercado.
“EEUU vende en estos momentos a más Gobiernos que nunca antes y aquellos Estados que aún no son clientes, no lo son por una buena razón. Por ello, esta nueva política busca colocar más armas a clientes ya existentes estableciendo menos condicionantes”, comentó Rachel Stohl, directora del centro de investigación Stimson Center.
Stohl defiende que, si bien anteriores normativas ya recogían los intereses económicos y de seguridad nacional, en el nuevo documento éstos pasan a ser un pilar fundamental, mientras que el posible daño a civiles queda aparcado.•