Papel mediador
Al escuchar las acusaciones del presidente, “mi sentimiento fue irme a la capilla del Santísimo, y ahí pedirle al Señor mucha tranquilidad, de manera especial paz en mi corazón”, sostuvo el cardenal nicaragüense.
Brenes recordó que Ortega “es un político ágil”, que “presenta sus pensamientos y los expresa cuando no está de acuerdo con posturas de personas”.
Sobre las acusaciones del Gobierno, de que los templos católicos esconden armas de manifestantes, el cardenal señaló que “es una falsedad”, y recordó que él mismo, junto con el nuncio, han llegado a encargarse personalmente de que eso no ocurra, a la vez que afirmó que las únicas armas que ha visto en manos de los estudiantes que se oponen a Ortega son morteros artesanales.
En Nicaragua el 58,5 por ciento de la población profesa la religión católica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha denunciado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población El Episcopado de Nicaragua se reunirá este lunes para analizar su permanencia en el diálogo nacional para resolver la crisis local, luego de que el presidente Daniel Ortega los acusó de pertenecer a un plan para darle un golpe de Estado. “Mañana (lunes) va a ser uno de los temas que vamos a abordar”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre su permanencia en el diálogo.
Al ser consultado si se mantenían como mediadores, el Cardenal respondió que “pienso que sí, porque oficialmente, a través de una carta, no se nos ha dicho lo contrario”.
mayoritariamente joven del país”, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como mandatario.
Las protestas comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del Presidente Ortega y su esposa y vicepresidentta Rosario Murillo con acusaciones de abuso y corrupción.•