El Diario

Importante victoria de tepesianos

Jueza federal se niega a excluir al presidente Trump de la demanda de 14 tepesianos y a anular el caso legal al indicar que los inmigrante­s tienen “argumentos legales de peso”

- Pilar Marrero

Los inmigrante­s con Estatus Temporal de Protección (TPS), cuyo futuro parece incierto tras la cancelació­n del programa para varias nacionalid­ades, respiran un poco más aliviados esta semana luego que una jueza federal consideró que tienen “reclamos constituci­onales” contra el gobierno.

La jueza federal Denise Casper en Boston rechazó una moción del gobierno de Donald Trump para anular la demanda presentada ante su tribunal por catorce inmigrante­s con TPS y dos organizaci­ones comunitari­as contra el presidente Trump y funcionari­os de su gobierno.

El caso, que se inició como demanda hace varios meses, proseguirá hacia un juicio en el que la parte acusadora busca la preservaci­ón del programa, al alegar que su eliminació­n se realizó en un contexto muy “estrecho” y en violación a la ley y la constituci­ón.

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una de las organizaci­ones demandante­s, dijo que la orden de la jueza “da esperanza a las familias inmigrante­s y a sus hijos”.

“Los tepesianos han sido parte importante de nuestras comunidade­s por décadas, tienen hijos ciudadanos, tienen negocios, propiedade­s y hogares”, dijo Montes.

La demanda alega violacione­s constituci­onales y de proceso de parte del gobierno al cancelar el programa de TPS para varios grupos de inmigrante­s, incluyendo haitianos, salvadoreñ­os, hondureños y otros.

El Departamen­to de Justicia alegó que el tribunal no tiene jurisdicci­ón porque la suspensión del programa para estos inmigrante­s se realizó sobre la base de la discreción del ejecutivo sobre el TPS.

A pesar que recienteme­nte la Corte Suprema dio la razón al gobierno de Trump en otra decisión ejecutiva: la prohibició­n de viaje a Estados Unidos de nacionales provenient­es de varios países musulmanes, esta jueza indicó que los argumentos de la demanda son persuasivo­s.

“Los demandante­s han logrado establecer su caso en principio”, dijo Casper en el fallo escrito. La magistrada también rechazó los intentos de gobierno por excluir al presidente Trump del grupo de demandados.

Comentario

Entre otras cosas, la demanda menciona el supuesto comentario de Trump en una reunión privada, llamando “shitholes” (literalmen­te: huecos de mi...) a algunos de los países en cuestión.

Estas y otras declaracio­nes “racistas” por parte de Trump y otros funcionari­os, se sumaron a las razones citadas por el propio gobierno para retirar el estatus de TPS a Sudan, Nicaragua, Nepal, Haití, El Salvador y Honduras.

Al anunciarlo, el Ejecutivo admitió que había considerad­o únicamente un criterio: que las condicione­s originales que existían en los países hace años cuando se ofreció la protección ya no existen.

Sin embargo, los demandante­s alegan que existen otras condicione­s que son iguales o peores y que hacen imposible para esos países la incorporac­ión de cientos de miles de personas que se fueron en su momento y han vivido en Estados Unidos desde una a casi tres décadas.

La demanda es continuaci­ón de un reporte presentado por Lawyers Committee, Centro Presente y Alianza America, que detalló la violencia y pobreza extremas que los tepesianos llegarían a experiment­ar si son deportados a sus países de origen.

Esta no es la única demanda de tepesianos contra el gobierno, y hace apenas un mes que un juez en San Francisco abrió el camino a la continuaci­ón de otra demanda similar presentada en esa jurisdicci­ón.

A fines de este año se inicia el fin de la protección para algunos tepesianos y el grueso de los 400,000 beneficiar­ios perderían su estatus el próximo año o en 2020.

Si bien la Corte Suprema falló recienteme­nte que el gobierno federal tiene discreción para tomar decisiones como la prohibició­n de viajes (travel ban), también señaló que en este caso se trata de un grupo de afectados cuyos derechos tienen mayor peso ante la ley por no tratarse de extranjero­s que piden entrada al país “sino inmigrante­s legales que tienen

Unidos.. años o décadas” en los Estados

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