MALA NOTA PARA BETSY DEVOS
El Departamento de Educación dice que quiere defender el bolsillo de los contribuyentes cuando en realidad quiere proteger el negocio de las escuelas con fines de lucro que atienden especialmente a las minorías y las personas de recursos bajos.
La agencia federal, al igual que otras áreas del gobierno, bajo la conducción de Betsy DeVos dejó de lado las prioridades de la administración Obama. En este caso es el manejo de las escuelas con fines de lucro, acusadas de engañar a los alumnos con promesas incumplibles y de dejarlos con una pesada deuda financiera.
La desaparición de las cadenas de Corinthian Colleges y ITT Technical Institute en 2015 y 2016 puso la atención en las prácticas de la industria al hallarse que ellas habían engañado durante años a los estudiantes con publicidad falsa y afirmaciones engañosas.
El gobierno de Obama estableció un programa de Defensa del Prestatario para perdonar la deuda asumida por los alumnos que no pudieron terminar su estudio debido al cierre de la institución. Un alumno era elegible si podía demostrar que asistió a una escuela que después era acusada de actuar mal. La situación cambió. La oficina en Educación a cargo de investigar las acusaciones fue mutilada. Hoy solo quedan tres personas con la única misión de atender las solicitudes de perdón de deuda. Al mismo tiempo, se contrató gente de las escuelas con fines de lucro para regular la industria, en un claro conflicto de interés.
Ahora DeVos pone más obstáculos para que los estudiantes estafados puedan olvidar su deuda.
La nueva propuesta exige que los estudiantes que se quieran acoger a la condonación de la deuda deben probar que tiene un profundo problema financiero o que la institución educativa los engañó intencionalmente. Para ello deben revelar información personal que posteriormente les puede perjudicar a la hora de buscar empleo, como pruebas de detección de drogas, cuestiones de salud y distintas evaluaciones.
La nueva norma, que entra en vigencia el año que viene, hace prácticamente imposible que los estudiantes puedan obtener un perdón de la deuda ante irregularidades de la escuela. Pone sobre sus hombros el peso de obtener documentación para probar un engaño deliberado que no está al alcance de los alumnos.
Esto significa que el alumno elige la escuela, obtiene un crédito educativo, el gobierno le paga a la escuela y le cobra al estudiante sin importar si la escuela es un fraude.
Se asume que el estudiante es un adulto que sabe lo que hace y es responsable de sus acciones. Al gobierno poco le interesa la regulación de la escuela. Lo único que quiere es que la institución privada haga negocio y que el alumno pague sin importar si fue estafado.l