EL DAÑO YA ESTÁ HECHO
La cifra oficial dice que 711 menores de edad, poco menos de un tercio, no pueden reunirse con sus padres. Ellos llegaron con su núcleo familiar a Estados Unidos, algunos pidieron asilo. Fueron separados por la política de tolerancia cero de la administración Trump, la misma que dice no poder regresarlos.
En este proceso, los menores que llegaron junto a sus padres fueron separados a la fuerza y recatalogados como “menores extranjero no acompañados”. El gobierno estableció una realidad legal falsa. Les puso un rótulo mentiroso a niños y jóvenes.
Los distribuyó a través de aviones a cerca de cien centros de detención alrededor del país, aunque están concentrados mayormente en Texas y Arizona. Viven enjaulados en un galpón gigantesco como un Walmart adaptado, en moteles viejos, en casas u oficinas.
La situación en algunos de estos centros es lo suficientemente preocupante como para que la jueza federal de distrito, Dolly M. Gee, ordene un monitor federal independiente en las instalaciones en Rio Grande Valley, Texas.
Las quejas de irregularidades en los centros de detención se multiplican desde las denuncias de abuso, maltrato, abuso físico y los reportes de que se les dio drogas sicotrópicas sin consentimiento paterno. Claro, ya se estableció oficialmente que vinieron solos aunque no sea cierto.
Un juez había ordenado que al día de hoy debían de estar reunidos todos los padres con sus hijos. Faltan más de 700. De esos, alrededor de 430 fueron deportados sin sus hijos. Las autoridades dicen que a cada uno de ellos se les dio la alternativa de salir con sus hijos o solos.
La realidad es que muchos de ellos no supieron las alternativas que se les ofreció por no entender lo que estaban firmando, según abogados y activistas.
Las autoridades también determinaron que por los menos a 57 padres no les entregaron sus hijos por considerar que hay problemas con sus antecedentes. No se explicó nada más. Es suficiente para inquietar a todos, dado el juicio arbitrario que utilizan las autoridades migratorias para tomar sus decisiones. Es necesario saber con precisión el por qué no se devuelven a estos padres sus hijos.
El operativo de separar familias, con su caos administrativo y su consecuencia de que hay padres de que no se reunirán con sus hijos, tiene todo el sabor a un secuestro de menores.
La tolerancia cero no es llevar ante el juez a quienes cruzan sin papeles. Es destruir sus familias. La mayoría fueron reunidas, pero lo justo es medirlo por aquellas que no pudieron y no podrán reunirse. Por el daño ya causado a esos menores. Por el dolor de quienes pasarán durante su vida por el sistema de hogares de crianza.•