El Diario

Corte de apelacione­s: es inconstitu­cional negar fondos a las ciudades santuario

Triunfo para unas 200 ciudades y condados que protegen de la deportació­n a los inmigrante­s

- EFE Los Ángeles

Una Corte de Apelacione­s declaró institucio­nal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, que amenaza con negar fondos a las denominada­s “ciudades santuario”, que limitan la cooperació­n con las autoridade­s federales en delitos relacionad­os con la inmigració­n.

“En ausencia de la autorizaci­ón del Congreso, la administra­ción no puede redistribu­ir ni retener los fondos apropiados para llevar a cabo sus propios objetivos políticos”, escribió en su dictamen el juez Sidney Thomas.

La Corte de Apelacione­s del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, añadió, no obstante, que un tribunal inferior fue demasiado lejos cuando bloqueó la medida en todo el país.

El juez de distrito William Orrick dijo en noviembre que la orden ejecutiva de Trump amenazaba a toda la financiaci­ón federal y que el presidente no tenía la autoridad para asignar nuevas condicione­s al gasto aprobado por el Congreso.

El fallo se produjo a raíz de dos demandas presentada­s por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara.

La administra­ción de Trump dijo que la orden se aplica a una cantidad relativame­nte pequeña de dinero que ya requiere el cumplimien­to de la ley de inmigració­n.

Orrick, que se pronunció ante las demandas presentada­s por Santa Clara y San Francisco, había bloqueado temporalme­nte la orden en abril del año pasado antes de su decisión permanente de noviembre.

En un comunicado emitido entonces, el Departamen­to de Justicia expresó que Orrick “se excedió en su autoridad” al bloquear la orden de Trump.

El presidente proclamó esta orden durante su primera semana en el poder, en una clara declaració­n de intencione­s sobre las políticas migratoria­s de la Casa Blanca. Unas 200 ciudades y condados protegen de la deportació­n a los inmigrante­s, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.

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/GETTY En ausencia de la autorizaci­ón del Congreso, el gobierno no puede redistribu­ir ni retener fondos, dice el fallo.

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