Manuel A.
garle menos o como represalia para hacer no valer sus derechos especialmente motivados por el discurso anti-inmigrante de la Administración Trump, pero no hemos visto que los empleadores lleven a cabo esa amenaza o que Inmigración haga caso”, dijo el abogado, advirtiendo que los patronos saben que también pueden meterse en problemas y por ello se quedan en la simple amenaza.
“Ellos saben que emplear a personas que no están autorizadas los expone a sanciones por no hacer la verificación cuando debían hacerla y por eso le decimos a los empleados
casos ha abierto entre octubre de 2015 y agosto de 2018, la Unidad Anti-Retaliacion.
casos están directamente relacionados con amenazas por estatus migratorio.
denuncias de discriminación por estatus migratorio en sitios de trabajo, investiga la Ciudad.
que denuncien los abusos porque el riesgo de que los empleadores llamen a ‘La Migra’ si bien puede no ser cero, es muy bajo”, agrega el defensor, explicando que en su organización cada año reciben unos 400 casos de actividades ilegales contra trabajadores.
Patronos son penalizados
Rebecca Nathanson, directora de la Unidad Anti-Retaliación del Departamento de Trabajo estatal, explicó además que los patronos que incurren en amenazas a sus empleados por su estatus migratorio, son perseguidos con
millones en penalidades ha impuesto el Estado a empleadores que han cometido actos de retaliación.
millones han sido las penalidades específicas por estatus migratorio. Hasta $10,000 impone en multas el Departamento de Trabajo por la primera ofensa para esa
elevadas multas y penalidades que pueden ser del orden de hasta $30,000.
“Desde el inicio de la Unidad Anti-retaliación, hemos impuesto más de $250,000 en multas y daños a los empleadores por casos relacionados con amenazas relacionadas «Yo no sé si me van a sacar, pero yo aprendí que el miedo es para los que nos quedamos callados. La ignorancia esclaviza pero el saber nos da el poder». agencia y hasta $20,000 en daños liquidados que son entregados al empleado. Entre $10,000 a $20,000 son los daños impuestos por amenazas de inmigración y entre $5,000 a $10,000.
millones fueron recuperados en salarios robados por el Estado en
2017.
con inmigración y pedimos a los trabajadores que llamen al (518) 457-9000 o al (888469-7365) para denunciar”, dijo la defensora, agregando que esos casos son tomados como prioridad, y sobre tácticas como la re-verificación de documentos, se realizan acciones inmediatas.
“Requerir el formulario I-9 de verificación de empleo después de que el empleado ha estado trabajando, es una manera de castigarlo e intimidarlo, y es ilegal y cualquier comentario motivado por origen nacional o estatus es discriminación basado en la ley”, advirtió la funcionaria.O