Congresos estatales: abusivos, derrochadores y cómplices de corruptos
Es elevado el costo de los legisladores para todos los mexicanos
Los diputados mexicanos en los congresos de los estados invaden funciones que les corresponden a los gobernadores, hacen uso indebido de recursos públicos, realizan una mala planeación del gasto y asignan de manera discrecional los presupuestos y el capital humano además de encubrir actividades oscuras de los gobernadores.
A esta información que desde hace años se ha denunciado a través de diversas publicaciones periodísticas se une el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), una organización civil patrocinada por empresarios que buscan influir en mejorar la democracia del país.
Con el análisis de 65 marcos normativos, 32 tomos de cuenta pública, 32 portales electrónicos y 800 solicitudes, el IMCO concluyó que el problema principal de estas prácticas es que los legislativos no son vigilados por organismos externos.
“Si tuviéramos consejos fiscales, el país no se hubiera endeudado como lo vimos en este sexenio y no tendríamos casos como el de (Javier) Duarte, exgobernador de Veracruz o (Roberto) Borges, exgobernador de Quintana Roo, que lograron un despilfarro porque el Congreso local lo permitió”, dijo Juan Pardinas, director general del IMCO.
“Prácticamente en todos los países de la OCDE hay alguna institución que cumple con funciones muy parecidas a las de un consejo fiscal, sin embargo, la Secretaría de Hacienda fue totalmente hermética a la creación de un órgano a quien le tendría que dar rendiciones técnicas”.
Los diputados locales, un total de 1,124 en el país, rara vez son estudiados y llamados a rendir cuentas a pesar de que tienen la responsabilidad de vigilar al Ejecutivo estatal sobre la ejecución de políticas públicas, el control del gasto y la aprobación del presupuesto..
El informe de IMCO reveló que apenas ocho congresos locales consideran centros de estudios de finanzas públicas en su ley orgánica y, el resto no cuenta con la capacidad técnica para detectar gastos injustificados.
En 2017, 25 congresos locales gastaron alrededor de 113 millones de dólares en “ayudas sociales”, las cuales no forman parte de las funciones de un legislador. “La ley no los habilita a dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas, y tampoco a construir obra pública”, observa el documento.
Aun así, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Congreso del Estado de México ejercieron en ayudas sociales unos 34 millones de dólares, una cantidad superior a lo ejercido por cinco gobiernos estatales en ayudas sociales (Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí y Tlaxcala).
Gastos más allá de lo que se aprueba
De acuerdo con información del Informe Legislativo 2018 que realizó el IMCO, en este año, los 32 congresos locales ejercerán 8,500 millones de dólares.
“Esta cantidad representa 1.4 veces el costo del programa Escuelas de tiempo completo de la SEP; además, los congresos locales gastan más de lo que se les aprueba. En 2017, 27 congresos locales gastaron 1,340 millones de pesos adicionales a lo presupuestado”, afirmó Ramiro Suarez, integrante del IMCO.