Firmas de “lobby”
“Brett Kavanaugh es un gran paso para asegurar una mayoría favorable a la Segunda Enmienda en el Tribunal Supremo para toda una generación”, argumenta en su página de internet el grupo ultraconservador, en referencia al polémico apartado de la Constitución que ampara el porte y posesión de armas de fuego.
Otro de los grupos de presión más destacados es Judicial Crisis Network (JCN), que, según algunos medios de comunicación, ya ha gastado cerca de cuatro millones de dólares en anuncios favorables al magistrado y que ya invirtió cerca de diez para hacer lo propio con Neil Gorsuch, el primer juez escogido por Trump en 2017.
Similarmente, la prensa estima que Great America Alliance y otra organización hermana prevén poner sobre la mesa un montante en torno a los cinco millones de dólares para “ayudar” a Kavanaugh a conseguir su deseado asiento.
Pero no solo se trata de grupos conservadores, ya que los progresistas también son muy activos ante eventos de este tipo, en este caso para evitar que se confirme la llegada de un candidato en el que ven opciones de retrocesos en derechos civiles.
Entre esos grupos alineados con los demócratas, se halla Demand Justice, que prometió acciones por valor de cinco millones en contra de Kavanaugh. Las distintas firmas de “lobby” buscan presionar a los senadores que ahora tienen en sus manos la confirmación del aspirante creando una opinión pública favorable o contraria al elegido por Trump.
Reuniones con senadores, anuncios y recursos para elaborar estudios sesgados son las principales vías de actuación de estos grupos, relata el politólogo de la Universidad de Connecticut, David Yalof, quien cree que cuando hay un presidente conservador, las organizaciones derechistas “tienden a ser mucho más influyentes”.
Todas estas entidades utilizan distintos formatos frente al sistema tributario y algunas optan por darse de alta como fundaciones que buscan “el bienestar social”.
De esta forma, tal y como explica el reglamento de la agencia tributaria (IRS), no tienen que hacer público de dónde viene el dinero que luego invierten, aunque deben garantizar que destinan
común.. a la política menos de la mitad de sus “contribuciones” a ese bien