Niños migrantes demandan al gobierno de Trump por daños y perjuicios
Buscan compensación y tratamiento sicológico por el trauma que acarreó la separación familiar de la política de la “tolerancia cero”
“Cállense, burros”, fue lo que el joven guatemalteco de 17 años escuchó una y otra vez en boca de un agente de CBP (Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza), cuando él y otros menores se quejaban del calor y el ahogo de la estrecha celda de detención en McAllen Texas.
De tanto en tanto, el agente abría la puerta para permitir que la pesada atmósfera del hacinado cuarto recibiera un poco de aire fresco y los niños y jóvenes dejaran de quejarse y de golpear lo que podían.
Era mediados de mayo de 2018 y el muchacho, cuyas iniciales son K.O., acababa de ser separado de su mamá, L.J. y su hermanita de 9 años E.O. tras el largo viaje desde Guatemala y caminar cinco horas sin agua o comida a lo largo del Rio Grande, en busca de un patrullero fronterizo al que entregarse para pedir asilo.
No obstante, la familia se encontró frente a frente con la política de “tolerancia cero” que el gobierno de Donald Trump comenzó a implementar unas semanas antes y que los mantendría separados durante un mes, con temor a no verse nunca más.
La familia, ahora reunida gracias a las órdenes judiciales que obligaron al gobierno a echar marcha atrás a las separaciones, encabeza ahora una demanda presentada este jueves en nombre de los niños separados de sus padres por abogados del Comité de Derechos Civiles y Justicia Económica en Boston.
“Nunca se me pasó por la cabeza que me iban a separar de mis niños” dijo la madre, L.J. durante la presentación de la demanda. “Al momento de separarnos dijeron que a mí me iban a deportar y que ellos serían adoptados. Mi niña me abrazaba y me la arrebataron de la cintura para llevarla a la hielera y yo gritaba y la seguía con la mirada y los agentes me decían “no pierdas tu tiempo, que nunca más los vas a volver a ver”, dijo la madre, sollozando al recordar el incidente.
Pasaron 21 días hasta que pudo hablar telefónicamente con sus hijos, que habían sido trasladados a Michigan y separados el uno del otro. Su esposo, que los esperaba en Massachusetts, luchaba por lograr la liberación de los menores, que finalmente se logró a mediados de junio.
“Soy hombre y me da pena decirlo”, dijo el padre. “Pero lo que ocurrió me destrozó el corazón, me hizo llorar mucho. Sé que ambos fueron maltratados. Mi hijo fue pateado por un agente que sostenía que era mayor de edad y luego otro niño también le pegó. A mi hija un agente le tiró del pelo para levantarla, es muy duro lo que pasó”
“Odio discriminatorio fue la motivación”, alega demanda
La demanda colectiva enfrenta a miles de menores migrantes contra los funcionarios más altos del gobierno de Trump, incluyendo el procurador Jeff Sessions, el asesor Stephen Miller, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y el jefe de gabinete John F. Kelly.
Los abogados exigen el pago de daños y perjuicios monetarios, incluyendo fondos especiales para servicios de salud mental y tratamiento sicológico continuado para los menores, cuyo número supera a 2,500.
La demanda se diferencia de otras que se han presentado contra el gobierno por este tema, en que los niños demandan personalmente a personeros del gobierno y exigen el pago de una compensación.
El director ejecutivo de la organización legal, Iván Espinoza Madrigal, dijo que la administración Trump “seleccionó a estas personas para este trato brutal precisamente por su raza y origen nacional”.
Los documentos presentados ante el tribunal federal de Worcester, Massachusetts citan y describen las declaraciones de diversos funcionarios en torno a los objetivos y razones de esta política.
La demanda alega que el “daño emocional y sicológico que sufrieron los menores y sus padres fue infligido con el “expreso propósito de detener la inmigración de centro y sur américa”.
También añade que la política está envuelta en “odio discriminatorio”, expresado por varios de estos funcionarios en diversas oportunidades.l