El Diario

Líder de sindicato de jueces de Inmigració­n critica cuotas

Ashley Tabaddor calificó a la situación actual de ‘diabólica’

- María Peña WASHINGTON

La presidenta del sindicato de jueces de Inmigració­n, Ashley Tabaddor, advirtió este viernes en Washington de que se acerca una “nueva era oscura” con la imposición de cuotas anuales, a partir de octubre próximo, para que los jueces reduzcan el atasco de 750,000 casos pendientes en el sistema.

Durante una conferenci­a de prensa en Washington, Tabaddor habló en nombre de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigració­n (NAIJ), que sigue exigiendo explicacio­nes del Departamen­to de Justicia frente a “la diabólica situación en la que estamos”.

Tabaddor, una jueza de Los Angeles, California, se refería a las normas que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre para evaluar la gestión de los jueces, incluyendo una cuota de 700 casos al año para cada uno y una tasa de casos resueltos y sin apelación de al menos el 85%.

Esas normas, anunciadas por el fiscal general, Jeff Sessions, en abril pasado, no sólo perjudican la independen­cia de los 58 tribunales sino que están generando ansiedad y más presiones para los cerca de 400 jueces en el sistema, y auguran una nueva era oscura para el procesamie­nto de los casos, advirtió.

“Esto es un acto sin precedente que compromete la integridad de las cortes y mina la independen­cia de nuestros jueces de Inmigració­n para tomar decisiones”, dijo Tabaddor.

La jueza precisó que la demora en los casos, muchos de los cuales toman al menos dos años para siquiera tener una audiencia, no es culpa de los jueces sino de los fallos fundamenta­les en el diseño de un sistema de tribunales ahora bajo la bota del Departamen­to de Justicia.

Para Tabaddor, el atasco de 750,000 casos pendientes “está siendo usado como una herramient­a política para avanzar las políticas policiales” de la Administra­ción, pero el Departamen­to de Justicia aún no ha explicado a NAIJ cómo estableció las nuevas normas.

Tabaddor explicó que los jueces manejan toda clase de casos migratorio­s que varían en complejida­d y muchos, como los de asilo, requieren más tiempo para resolver.

A su juicio, las nuevas normas impondrían la meta imposible de resolver casos en un promedio de dos horas y media, son un “ataque sin precedente” a la autonomía de los jueces, y podrían incluso afectar el derecho de los inmigrante­s al debido proceso.

En su caso, ella tiene pendiente más de 2,000 casos, aunque otros tribunales tienen típicament­e entre 400 y

casos..

500, y el de Baltimore tiene hasta 5,000

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/ MARÍA PEÑA La presidenta del sindicato de jueces habla en rueda de prensa.

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