Reglamento de ‘carga pública’ es un campo minado para los inmigrantes
La propuesta negaría “tarjeta verde” a 200,000 cónyuges cada año si sus parejas reciben beneficios públicos, dice informe
√@mariauxpen
La propuesta de la Administración de castigar a extranjeros que tienen trámites migratorios pendientes si reciben ciertos beneficios públicos negaría la “tarjeta verde” a hasta 200,000 cónyuges en el exterior, según un análisis difundido ayer.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha sido denunciada por una vasta coalición de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país,que han adelantado una posible demanda para frenarla en los tribunales.
El documento de 447 páginas amplía unilateralmente la definición de la “carga pública” para trámites migratorios, y negaría la “tarjeta verde” u otras visas temporales a familias que reciban ayuda pública, como subsidios de vivienda, cupones de comida, “Medicaid”, o cobertura de medicinas a través de “Medicare”.
También podría negar visas a personas que el gobierno sospeche que podrían ser “carga pública” en el futuro.
Una “prueba de riqueza”
Ante la inacción del Congreso para reducir la inmigración legal, la Administración ahora busca hacerlo al castigar a inmigrantes pobres y conceder la “tarjeta verde” u otras visas sólo a quienes superen cierto umbral económico.
En el pasado, el DHS ha otorgado unas 400,000 “tarjetas verdes” al año a cónyuges de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses quienes, bajo la ley federal, deben mostrar que ganan lo suficiente para el sustento de sus familias. En la actualidad, ese umbral es de $20,575 para una pareja sin hijos.
El reglamento, de ser adoptado, impondrá nuevos requisitos financieros para el cónyuge extranjero, al exigir un ingreso familiar anual de hasta 250% del nivel de pobreza, es decir $41,150 para la mayoría de parejas sin hijos, o $73,550 para una familia con cinco miembros, según un análisis del grupo “Boundless Immigration”, que ayuda a extranjeros a navegar el sistema migratorio.
De esta forma, el DHS negaría la entrada a casi la mitad de los solicitantes de “tarjeta verde” cada año, obligando a unas 200,000 parejas a abandonar el país o vivir separados indefinidamente, indicó el documento.
“Esto es un campo minado con nuevos requisitos migratorios
que no solo podrían negar tarjetas verdes a 200,000 cónyuges de estadounidenses cada año, sino que impedirá que las empresas contraten a todo tipo de trabajadores talentosos, y generará una gran incertidumbre para familias de clase media y de bajos recursos”, dijo a este diario Doug Rand, co-fundador y presidente de Boundless Immigration, quien vaticinó
meses de deliberaciones internas y demandas judiciales.
Apoyándose en su base de datos, el grupo de Rand calculó que el reglamento podría afectar al 53% de cónyuges extranjeros elegibles para la residencia permanente.
Aún si el DHS permite que ambos cónyuges combinen sus ingresos para cumplir con los nuevos requisitos salariales, el 36% de las parejas